Pedro Paulet Mostajo un maestro contemporáneo.

 

Pedro Paulet Mostajo un maestro contemporáneo.

Lucas Z. Granda

Pedro Paulet, es un arequipeño que nació en Tiabaya el 02 de julio de 1874, considerado el padre de la aeronáutica que estuvo relacionado a los primeros estudios para que el hombre pueda llegar a la luna, diseñando su propia nave aeroespacial. Inventor del primer cohete de combustible líquido. Una anécdota que se saca del baúl de la historia es que el rector de la Universidad Nacional de San Agustín lo invito a rendir un examen, donde sorprendió a muchos y logro su ingreso a la casa de estudios a estudiar en la Facultad de Letras y Ciencias. Siendo un prolijo inventor, economista, diplomático, escritor, político y científico de talla mundial. 

Una de las variables que sorprende es la profesionalización de diferentes disciplinas científicas puestas a contribuir su rol humano, vanguardista científico y promotor de una sociedad que evoluciona, adelantándose 70 años a su tiempo cuando ideaba su motor-cohete en la Universidad de Sorbona en Francia, el cual permitiría años después que Neil Armstrong y Edwin Aldrin pisaran la superficie lunar, al igual que los misiles A2 alemanes, por un motor de combustible líquido. Donde Pedro Paulet mencionaba siempre que el financiamiento es crucial para dar luz a grandes ideas, pero no debe ser un impedimento para seguir buscando el medio para conseguirlo.

Pedro muestra su coherencia política e ideológica al no unirse a proyectos tecnológicos y aeronáuticos por ética, porque serían utilizados con fines militares, donde la historia le diera la razón, porque la carrera armamentista se intensifico en su tiempo antes y después de la segunda guerra mundial en 1945, donde muchos inventos acabaron con millones de vidas humanas, donde la ciencia no buscaba mejorar la dignidad humana, sino empezó a apagar la vida.

Pedro muestra grandes enseñanzas en no unirse a grandes proyectos de investigación por prestigio, fama y dinero, sino ver el lado humano y propósito que se ciñen en estos avatares, reconociendo el esfuerzo y dedicación en estos párrafos a Álvaro Mejía, que sigue haciendo esfuerzos para que sea reconocido el gran maestro bajo las grandes enseñanzas que nos deja Pedro Paulet. Siempre mencionaba "los arequipeños no le tienen miedo al fuego ni a las explosiones", como un signo de motivación para nunca desmayar ante cualquier vicisitud que se le presentara en sus proyectos de investigación y diplomáticos.

Estas características mencionadas representan a un maestro que no solo refleja coherencia, energía, fuerza sino lucha por su territorio, por su país. Es que hablar de Pedro Paulet Mostajo, tiene una motivación en el Perú presente, que nuestros mayores ejemplos de lideres están muertos, donde la historia que no conoce la ciudadanía los va olvidando, sepultando sus hazañas en la memoria del olvido, porque los personajes presentes decepcionan y se contradicen sobre todo cuando pasan a la esfera pública y política, por eso los maestros del pasado no decepcionan a ninguna generación, fortaleciendo las causas coherentes con ideas correctas.

Los ideales y las ideologías se han mancillado por personas que no encuentran la coherencia como un modelo a seguir después de tener la oportunidad de obtener poder político y económico, los cuales van de la mano. Los maestros contemporáneos han decepcionado a los discípulos y viceversa, donde los maestros no han podido tener la reflexibilidad de entender el entorno de las nuevas de generaciones al formarse políticamente, ya no en las canteras de los partidos políticos ni en los movimientos regionales, sino dispuestos a tener el proceso de enseñanza-aprendizaje desde la academia, el activismo y la articulación de la sociedad civil.

Se ha roto todo tipo de intercambio intergeneracional, mueren generaciones sin luchar, se acomodan a pensamientos plantilleros y simplistas, sin cuestionar el statu quo, sin una estrategia multidimensional para tomar el poder y redistribuirlo para las regiones, para las zonas rurales, para el pueblo que vive olvidado en la pobreza y la desigualdad. Cuanta nostalgia nos hace falta un José Carlos Mariátegui, Víctor Raúl Haya de la Torre y un Pedro Paulet Mostajo.

Pedro no muere el 30 de enero de 1945 a la edad de 71 años, sino lo hará cuando las generaciones futuras no encontremos las lecciones de un maestro contemporáneo nos tiene para la ciudadanía peruana, que hoy por hoy, le toca luchar.  

La resignación ciudadana no será condescendiente con el poder.

 

La resignación ciudadana no será condescendiente con el poder.

Lucas Z. Granda

La indignación que sentimos como ciudadanía nos perturba en nuestra vida cotidiana al tolerar forzadamente y contra nuestra voluntad a un gobierno que gira en torno a una señora que no gobierna, no entiende de nada de democracia, no protege y resguarda los derechos humanos, ni mucho menos tiene voluntad política de renovar nuestro sistema de representación y legitimidad dando un paso al costado y convocando a nuevas elecciones para que el país pueda reencontrarse con el diálogo entre personas que piensan diferente, pero que necesitan darse mutuamente la oportunidad de llegar a un consenso por la gobernabilidad del país.

El inicio de diciembre, para citar solo algunos casos, nos sorprende con una supuesta red de corrupción en el Ministerio Público encabezada por la fiscal de la nación Patricia Benavides, comprando votos de congresistas a cambio de archivamientos de carpetas ficales de redes de corrupción, narcotráfico y lobby para controlar la Junta de Fiscales Supremos. Por otro lado, después de seis años se activa nuevamente el indulto mercantilista de votos congresales de PPK articulando con Kenyi Fujimori, donde no hay reparación civil, ni mucho menos arrepentimiento por los crimines de lesa humanidad del reo Alberto Fujimori. Y en otra esquina, tenemos un ejecutivo que depreda al Estado con ordenes de servicios hacia amigas del premier Otarola, el hermano de la presidenta Nicanor Boluarte y en general un ejecutivo que hace agua desde lo técnico, político, humano y postura institucional. Causas suficientes que explican la indignación de la ciudadanía, y como efecto rebote mas de 400 mil peruanos que han migrado fuera del Perú.

Así se fortaleció las causas para las manifestaciones del 07 al 09 de diciembre a nivel nacional, donde diferentes gremios sindicales, estudiantiles, campesinos, obreros, académicos y sociedad civil en general acudieron a las calles a hacer sentir su voz de protesta e indignación por todo lo que pasa en el país. Uno de los gremios que destaco en Lima-Metropolitana fue la Coordinadora Nacional Unitaria del Perú, que proponía la renuncia de Dina Boluarte a la presidencia de la república, nuevo congreso y una nueva constitución política del Perú.

Desde regiones se escuchó una voz fuerte de rechazo a todas las redes de corrupción en el Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Ejecutivo y Legislativo, pero las narrativas que impregnaron los medios de comunicación al manifestar que eran marchas pacíficas sin fuerza de movilización, enumerando las cuantiosas pérdidas económicas que se estarían produciendo por las paralizaciones y banderas de lucha ridiculizadas por “lideres de opinión” que encuentran los últimos acontecimiento de corrupción como legitimas a los patrones que les pagan la olla de comida. Ha creado mucho divisionismo, una cultura de la desorganización e improvisación y una impresión de resignación de tener una clase política que nos gobierna actualmente.

La seguridad e inamovilidad de su curul que sienten las madres y padres de la patria en relación a las diferentes manifestaciones que se han producido en los espacios públicos en el año 2023 es una constante, mandando un mensaje fuerte y claro para la ciudadanía, que no habrá protesta tan grande para que los saque, que no renunciaran a su curul sin importar el caso de corrupción que se evidencia a la ciudadanía, que los dejemos desinstitucionalizar el país para que primen sus intereses económicos y de poder por encima de cualquiera que no sea un congresista. 

Debemos tener acciones más orgánicas en la articulación de la sociedad civil, que queremos cambiar del modelo de gobernabilidad, económico, social, neocolonial, extractivista, patriarcal y exógeno extranjero, porque lo queremos cambiar, como lo queremos cambiar y con quienes lo queremos cambiar, sobre todo en el tiempo que podría cambiarse. Se asocia muchas propuestas de grupos de izquierdas y seudo derechas para realizar reformas y cambios estructurales desde la propia constitución de 1993, pero lamentablemente se construyen proyectos políticos en la incorporación de una carrera electoral futura. Teniendo mas de 28 partidos inscritos, con la carrera de articular todas las bases regionales y provinciales que se pueda, encontrando militantes hasta debajo de las piedras, pero sin construir un Perú de manera horizontal, descentralizado, mirando las potencialidades de cada región y sin incorporar miradas disidentes de posturas políticas contrarias.

No seamos una sociedad civil mecánica, ni mucho menos partidos políticos con el mismo tinte para ganar procesos electorales. Consideremos los niveles de desaprobación del mas del 90% tanto en el congreso como en la presidencia de la república. No neguemos que necesitamos un nuevo pacto social, porque la resignación de la ciudadanía al tener la clase política actual, no va ser condescendiente.

 

Seamos Escuela para la juventud.

 

Seamos Escuela para la juventud.

Lucas Z. Granda

En los últimos procesos electorales según el JNE (Jurado Nacional de Elecciones) de cada tres electores uno es joven (18 a 29 años). En la última elección regional y municipal del 2022 el voto joven represento el 27.4% de la población electoral. Por otro lado, la militancia de la juventud ha descendido de 15% en el 2010 al 8% en el 2019, como también se menciona que las principales dificultades para poder enfrentar la campaña se tienen en un 84% la falta de recursos económicos, y un 21% por la falta de la organización política como las principales causas según el Jurado Nacional de Elecciones. Evidenciando que hay una problemática estructural en la participación política de las y los jóvenes en las organizaciones políticas que cuentan con la inscripción, pero no se generan procesos constructivos desde la juventud para enfrentar verdades dogmáticas, sino se adhieren como una postura facilista y simplista a las estructuras partidarias de poder.

La construcción de una postura partidaria militante en ideales se hace muy difícil y lejano cada vez en el imaginario de la juventud, obedeciendo a formas tradicionales mercantilistas de los espacios de participación política convencionales, donde la incoherencia ideológica, los proyectos mesiánicos personalizados en un individuo, y la postura de reforzar el modo operante de las estructuras de poder, sin ningún tipo de crítica o cuestionamiento se vive hoy en nuestra clase política. Donde la juventud no genera procesos contrahegemónicos desde los espacios mas cercanos de movilización y de organización de la sociedad civil, sino se acopla en una competencia sin reglas y con el principio “todo vale”.

¿Por qué los proyectos políticos de las y los jóvenes son individuales? El tener pensamiento divergente, cuestionamiento critico y construir narrativas contra hegemónicas contra las estructuras tradicionales y clasistas en la política sígnica negar protagonismos independientes y apostar por un colectivo que proponga soluciones articuladas a problemáticas en el territorio, con una ideología coherente, pero para ello hay que delegar competencias, nutrirse de la sinergia partidaria y cohesionar alianzas en base a la confianza intergeneracional dentro de un espacio de participación continuo. Todo este proceso de crecimiento político articulado y consensuado no cabe en una foto de Instagram, no tiene un enfoque populista, no se puede marketear solo una imagen, y como atestiguamos la era del homo videns, que todo tiene que pasar por las redes sociales sino no existe, entonces los proyectos individuales de la juventud que participa en política se fortalecen, porque hay un problema estructural en la formación, en la construcción colectiva de partido, donde actualmente en regidurías, consejerías y curules en el congreso son proyectos individuales y mesiánicos, sin cuestionar el establishment de la política peruana, sino se busca la cuota de poder que se acumula cada año, compitiendo para ser mas candidatiable a un cargo mayor.

“Se extraña aquella juventud de corazón abierto, que lo daba todo sin pedir nada a cambio” menciona Pepe Mujica. Los ideales que se construían en la juventud desde los movimientos barriales, estudiantiles, sectores productivos y la sociedad civil en general significaban posturas críticas a los gobiernos nacionales, regionales y locales de turno, no solo con posturas criticas de las acciones negativas sino proponiendo soluciones progresivas en el tiempo. Actualmente se ven jóvenes que se perennizan en el poder hasta en voluntariados, siendo un nivel de organización genuino y humilde, pero están siendo instrumentalizados por pequeños cacicazgos juveniles para utilizarlos como trampolines políticos en procesos electorales.

También hay jóvenes que asumen puestos de representación popular en la infraestructura del Estado que se han olvidado de sus banderas políticas que les permitió estar sentados en un consejo municipal, en un consejo regional y en el congreso, como el feminismo y el liberalismo. Se plantearon luchas estructurales con vehemencia, con miras a plantear hitos históricos en cambios generacionales en la política regional, pero apenas entraron fueron adiestrados y apadrinados por las malas prácticas en la política, coludiéndose en temas de corrupción, sabiendo los políticos tradicionales que les encanta la cámara, y se les saca a otras provincias como mascotas para evidenciar un trabajo cohesionado, exigiendo a cambio presupuestos para sus viajes y plata para su provincia, para que no se caiga el discurso ante la población que le dio la confianza en algún momento de descuido.

No se apuesta por la institucionalidad democrática, sino en cercenar los presupuestos públicos por intereses particulares, elefantes blancos con nombres propios de políticos. No se escucha el canto de la población cuando menciona que “esta democracia ya no es democracia”, no reconocemos que somos una sociedad que ha entrado a un estado permanente de anomia, y sino tenemos ese reconocimiento de nuestras problemáticas estructurales y todo lo queremos resolver con millones y primeras piedras de obras de construcción, vamos a caer y a convertirnos en lo que siempre rechazamos, peones de la política convencional y corrupta.

No todo se pierde en el proceso de construir una participación política cohesionada entre iguales, por ejemplo, hay espacios que pueden garantizar oportunidades de cambio en nuestro sistema de representación, dotándolo de nuevos cuadros, como lo es “Seamos Escuela”, sígnica un proceso constructivo, siendo un programa de formación política, creando narrativas alternativas y desarrollando pensamiento crítico de jóvenes de diferentes regiones, complementando problemáticas estructurales, pero también generando compromisos para cambiar nuestra realidad.

La lucha no termina mientras los brazos sigan arriba. 

Economía que se resiente con el gobierno.

 

Economía que se resiente con el gobierno.

Lucas Z. Granda.

Como país nos hemos contraído económicamente, estamos dentro de una recesión económica, y sino podemos transformar como reactivar motores económicos no convencionales entraremos a una depresión económica, agravando aún mas los bolsillos de la ciudadanía con el encarecimiento de la canasta básica familiar, la reducción del empleo público, el espanto de la inversión privada y el sumergimiento aún mas profundo de la pobreza multidimensionalmente.

En nuestra economía peruana tenemos problemas estructurales, diferenciándose según la ubicación geográfica, el nivel socioeconómico y la formalidad del empleo que se posea, estos problemas se organizan en relación a la desigualdad territorial, impacto del cambio climático y una dinámica económica de extracción de recursos naturales. Sin considerar aún que estamos siendo golpeados por una escasez hídrica y un fenómeno del niño que está por llegar.

Sin olvidar que le primer trimestre del año 2023 tuvimos convulsiones sociales en todo el Perú, arrastrada la economía por una crisis política que perdura en el tiempo, donde masacraron a más de 70 personas en diferentes departamentos del país, donde el panorama económico estuvo en promedio a -0.4 del PBI (Producto Bruto Interno) según el INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática), donde se desplomaron las importaciones en -2.1 y la oferta y demanda global estuvo en -0.8. Entonces no olvidemos cuales son las causas estructurales del año fiscal, porque la crisis no es responsabilidad de la ciudadanía que dignamente salió a protestar ante una clase política indolente y que no escucha las reformas políticas que se proponen desde la calle, la crisis obedece a un ejecutivo que no tiene rumbo, que mercantiliza al Estado hacia intereses subalternos de grupetes políticos para seguir sosteniendo el poder.

Para el segundo trimestre del 2023 crecimos en -0.5 del PBI según en BCR (Banco Central de Reserva), las importaciones estuvieron bajas con un 0.8 y la oferta y la demanda global con un 0.7. Donde los motores que nos están manteniendo es el agropecuario con 7.4, minería e hidrocarburos con 12.6, manufactura 12.6 y comercio 10.8 siempre con el flujo primario exportador, no hay ningún proceso de transformación ni valor agregado a nuestros recursos económicos, agravándose la situación donde no hay inversiones externas e internas en nuestro país. Considerando que la estrategia “con punche Perú” de reactivar a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) no esta funcionando sino articulamos interinstitucionalmente con SUNAT, con una lógica descentralizada hacia las regiones, y procesos de formalización a actividades que no tributan ni son percibidas por el Estado.

En una entrevista el 22 de octubre en Latina con Mónica Delta se encontraban los exministros de economía Alfredo Thorne, Alonso Segura y David Tuesta, manifestando a una sola voz que el gobierno de Dina Boluarte no tiene propuestas económicas, no trae inversiones al Perú, no genera seguridad jurídica y mucho menos confianza. Últimamente se menciona el cambio del ministro de economía y el presidente del consejo de ministros para refrescar el gabinete, pero son paliativos de un gobierno que solo quiere quedarse hasta el 2026, cueste lo que cueste.

La crisis económica seguirá agravándose por este gobierno que no resuelve ningún conflicto social en regiones, donde se merma diariamente a la Juntan Nacional de Justicia (JNE), dando señales de cero políticas institucionales del respeto al Estado de derecho, entrando a unas fiestas de fin de año que van a coludir la ineptitud de Dina Boluarte para hacerse cargo de los motores económicos.

Cerraremos este 2024 entre demandas populares insatisfechas y sin un norte para caminar el próximo año.

Islay, conflictos sin resolver.

 

Islay, conflictos sin resolver.

Lucas Z. Granda

Islay, una de las ocho provincias de la región Arequipa cobra importancia en la esfera pública por el conflicto socioambiental iniciado el 2007 a causa del Proyecto Minero Tía María y la Tapada por la Compañía Minera Southern Copper Perú en el Valle de Tambo, parte agrícola y ganadera de la jurisdicción, abarcando los distritos de Cocachacra, Punta de Bombón y Deán Valdivia.

Donde la población mayormente a migrado de la sierra sur por mejores condiciones de vida y oportunidades de trabajo. Este conflicto sigue en permanente estado de latencia, guiando la opinión pública y estableciendo tendencias políticas en movimientos regionales y locales para procesos electorales municipales y regionales, sin tocar la ebullición violenta que desencadena el conflicto, teniendo muchos momentos álgidos en el 2011, 2014, 2017 y 2019, Tía María convive con las demandas populares y necesidades ciudadanas atendidas por las municipalidades, porque el departamento de relaciones comunitarias de la empresa minera nunca se fue, como también los dirigentes anti mineros siguen presentes en espacios de participación y ocupan cargos gremiales donde la disputa ideológica en el territorio se combina con la idiosincrasia de la población trasladando las motivaciones y yuxtaposición de intereses a obras de infraestructura, organización en la pandemia, políticas asistenciales distritales, manifestaciones deportivas y protestas continuas a menor escala.  

Haciendo referencia el título del articulo a “conflictos” en plural, porque comenzamos hablando solo de uno. Para poder reflejar un estereotipo dentro del sentido común de la gestión pública, gestión de conflictos sociales y el proceso de la descentralización. Por ejemplo, cuando se conversaba con unos asesores del Gobierno Regional de Arequipa y de la PCM se tenia una mirada reduccionista de mirar toda la Provincia de Islay en relación a un conflicto socioambiental extractivista para insertar la actividad productiva minera, porque su evidencia se basa en momentos donde el conflicto estuvo en estado de crisis y marco los noticieros a nivel nacional, pero no se ha hecho el trabajo de bajar al llano, convivir con las percepciones de la ciudadanía e identificar las lógicas distritales frente a los sucesos que acontecen desde el 2007.

Toda la provincia se mueve en dos lógicas territoriales, una que agrupa a Mollendo-Islay y la otra que gira en torno al Valle de Tambo, no solo está la actividad agrícola como generadora de empleo, sino la pesca de recursos hidrobiológicos, la infraestructura turística, el boom de construcción civil por obras por impuestos que se generan por las industrias y empresas que residen en la jurisdicción, y la impartición de diferentes servicios. Conociendo además que esta el Puerto de Matarani como último tramo de corredor minero que viene desde Cusco, siendo una infraestructura estratégica para el comercio con el mar del pacifico. Y nos quedamos cortos.

Todas las actividades mencionadas tienen conflictos sociales relacionados a la contaminación por actividades industriales posicionadas en la provincia, paralización de obras públicas por una ineficiente gestión pública, agroquímicos en los productos de los mercados locales, trafico de terrenos por dirigentes donde no se encuentra una salida con las familias Vargas Velón y Toalino, problemas de delimitación territorial entre Mejía y Deán Valdivia, Deán Valdivia con Cocachacra, como también la delimitación entre la Provincia de Camaná e Islay en relación a la pertenencia de caletas por la carretera costare, donde no se puede invertir presupuesto público hasta la fecha, donde ya hay problemas de malversación de fondos (una tarea para los consejeros de ambas provincias), entre otros conflictos.

Cuando me toco vivir mas de dos años y medio en el Distrito de Islay, identificas a una población que viene de todo el Perú, pero sobre todo conoce muy los espacios de participación que están devaluados en el Estado, conocen a las autoridades en su quehacer corrupto, como también a quien se inmola por su gente, conocen muy bien lo que necesitan y cuales son los canales para poder obtener un beneficio individual como colectivo. Nunca respire tanta política gremial, partidaria y participativa que, en la Provincia de Islay, se aprende los principios de la negociación, identificación de intereses y mecanismos de concertación desde los espacios públicos, eso no se puede evidenciar en un listado de noticias, ni mucho menos en reportes de hechos de violencia consumada por la Defensoría del Pueblo.

El Estado en Islay ha fracasado para generar institucionalidad y confianza en la ciudadanía, su tarea es garantizar todos los derechos de la población, trabajando arduamente para que la población deje de percibirlo como un agente externo y lejano de la protección de la ciudadanía. Para ello se debe incorporar instancias de diálogo en el primer nivel de gobiernos subnacionales, es necesario para poder lograr un mejor entendimiento entre peruanas y peruanos. Que la violencia no se vuelva una manera de resolución de conflictos cotidiana en la sociedad, como mecanismo para que puedan prestar atención a las necesidades ciudadanas y demandas populares que tiene la sociedad civil organizada.

La mirada de la gestión de los conflictos sociales del Estado peruano

 

La mirada de la gestión de los conflictos sociales del Estado peruano

Lucas Z. Granda.

El Estado tiene poca capacidad para coordinar en pleno conflicto social, no puede prevenir el bloqueo de carreteras. Como sucedió en el bloqueo del reservorio que abastece a 5 mil personas en el campamento minero de Cuajone en el 2022, por reclamo de las comunidades campesinas de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala que exigían la reparación civil de 5 mil millones de dólares a la empresa Southern Perú por utilizar sus terrenos durante cincuenta años de explotación. Informando los empresarios de dicha empresa minera que se perdía cinco millones de dólares al día en exportaciones y 8.5 millones de dólares diarios por concepto de impuestos y regalías. Pero, por otro lado, tenemos la situación de trece sanciones por parte del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) a dicha empresa minera, nueve de ellas en Moquegua, sumando sanciones por más de 30 mil dólares en multas (Convoca.pe, 2022). Evidenciando que se actúa de manera urgente e instrumental en el tratamiento del conflicto social, escalando al nivel de problemática para la esfera pública nacional que debería ser atendida en sus diferentes niveles de gobierno, de acuerdo a su competencia y funciones vinculantes en el conflicto que se esté desarrollando en el territorio, trayendo a la agenda el proceso de descentralización en el Perú y el tratamiento que se ha tenido a los conflictos sociales desde los gobiernos regionales.

El Estado peruano en el 2008 – 2009 empezó a buscar alternativas y espacios de construcción de diálogo dentro del Estado, comenzando en la secretaria de Coordinación de la PCM, donde el sociólogo Víctor Caballero impulsa el tratamiento de los conflictos sociales, organizando en el 2011 en adelante un equipo especializado para dirigir la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), luego pasaría al nombre de Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad. En la actualidad se denomina la Secretaría de Gestión Social y Diálogo adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), como también diferentes ministerios han logrado conformar sus oficinas de diálogo para afrontar sus respectivos conflictos sociales, por ejemplo se envía personal desconcentrado en regiones de la PCM y el MINEM para la gestión de conflictos sociales; se puede tomar también el caso del Ministerio del Interior a través de la Dirección General de Orden Público, Ministerio de Transportes y Comunicaciones , Ministerio del Medio Ambiente y en particular OEFA tienen equipos que envían cuando hay crisis de conflictos. Los demás ministerios (Vivienda, MIDAGRI, MINEDU, MINSA, MIDIS) también tienen unidades operativas que disponen cuando hay conflictos.

Esta mirada vista desde Lima refuerza la postura centralista de la administración pública, en este caso, en la resolución de conflictos, porque no se impulsa en las regiones, provincias ni gobiernos locales la apertura de oficinas de gestión social y diálogo, bajo un mismo enfoque y metodologías. Siendo siete gobiernos regionales las excepciones, se trata de Arequipa, Ayacucho, Loreto, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali. Cayendo en contradicción aquellas regiones donde se concentra el 52.8% del total de los casos de conflictos sociales, que son Loreto (17) Ancash (12), Apurímac (11), Cusco (10), Cajamarca (8) y Pasco (6). Por eso que se propone que la administración pública gire su orden piramidal en el tratamiento de los conflictos sociales en el país, comenzando por el primer escalón de disputas en los espacios públicos, correlacional a las demandas populares insatisfechas en los cientos de municipalidades distritales y provinciales, desde las unidades de participación ciudadana y las gerencias de desarrollo social, para verificar las competencias y actividades planificadas que elaboran los gobiernos locales para involucrar a la sociedad civil organizada, con la idea transversal de generar un tratamiento de conflictos sociales desde la cohesión social y mejorar los canales de representación, legitimidad y gobernabilidad territorial. 

La propuesta tiene que recaer, según el sistema de representatividad y las competencias gubernamentales de cada nivel de gobierno en el país, en la voluntad política de alcaldes, alcaldesas, gobernadores, gobernadoras, consejeras, consejeros, regidores y regidoras para insertar la idea referida de innovación de gestión pública, discutiendo con un trabajo de investigación serio, sistematizando tanto lo funcional como la realidad vinculante a los gobiernos locales para abrir posibles espacios de diálogo y concertación en los niveles de gobierno más accesibles a la ciudadanía, para poder actuar a nivel preventivo y con un acompañamiento sobre necesidades y demandas populares posibles de ser cumplidas en los niveles descentralizados de gobierno que la sociedad civil se organice para exigirlos. Con ello se podrá institucionalizar el rol de los gobiernos locales a nivel provincial en el tratamiento y prevención de los conflictos sociales, construyendo una cohesión social entre ciudadanía y Estado.

Por otro lado, se debe complementar la creación de espacios de diálogo en el gobierno de la Municipalidad Provincial de Islay con el seguimiento del cumplimiento de acuerdos en los espacios de diálogo. Reforzando esta idea el Adjunto de la Oficina de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo Rolando Luque, mencionando en el Informe Defensorial N°187-2021-DP que, del seguimiento de acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo, el 72.5% de éstos fueron asumidos por el Estado, el 19% por la empresa privada y el 14.4% por la sociedad. Pero el 87% de los acuerdos no se le encargó a ninguna entidad a hacerle seguimiento (Defensoría del Pueblo, 2022). Para ello el Estado debe tener las reglas claras cuando participa en los procesos de diálogo, para ver en qué se puede comprometer y en qué no.

 

Somos una sociedad violenta, ¿lo seremos siempre?

 

Somos una sociedad violenta, ¿lo seremos siempre?

Lucas Z. Granda.

La violencia es estructural, se replica y no tiene vacuna alguna que pueda aminorar la tendencia estadística a nivel urbano, rural, estratos socioeconómicos altos y bajos. La violencia física, sexual, patrimonial, psicológica, verbal y demás, se reinventan a la hora de causar impacto a las personas más vulnerables, sobre todo. Donde la pobreza y la desigualdad recrean contextos perniciosos en la sociedad, siendo problemas endémicos en diferentes contextos territoriales que acompañan una multiplicidad de factores que terminan acabando con el derecho a vivir en una sociedad digna, justa y democrática.

En el documento “Perú: Feminicidio y Violencia contra la Mujer 2015-2022” del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) consolida la narrativa que la violencia es un tema estructural en nuestra sociedad. En el rango de años del documento citado 1045 feminicidios contrastados y validados han sucedido en todo el Perú, y cuando lo dividimos por departamento se logra tener que Lima Metropolitana se sitúan 257 feminicidios, Cusco con 68 feminicidios, Arequipa con 63 feminicidios, Huánuco con 53 feminicidios, Junín con 53 feminicidios y Puno con 51 feminicidios, estos serian los departamentos con mas muertes de mujeres por su condición de genero y sexo, donde han sufrido violencia permanente y sistémica hasta acabar con su vida.

Los feminicidios vienen acompañados con acoso callejero, violaciones sexuales, dependencia económica, poca educación sexual integral en los colegios para no identificar las agresiones por personas que gozan de un rol de poder jerárquico y hegemónico. Entonces la violencia utiliza al miedo para replicarse en diferentes espacios públicos y privados.

Esta ola de violencia que viene azotando a nuestra sociedad, a veces ya no logra ser noticia para los medios de comunicación locales y nacionales, porque se ha interiorizado en el sentido común de la población y con ello la normalización se hace presente, aún peor cuando se rechaza toda lucha y resistencia contra el tratamiento de la violencia en colegios, universidades, operadores justicia e institucionalidad del Estado. Cada vez es a cuenta y riesgo de cada individuo, donde el fortalecimiento comunitario del barrio, de la congregación, vínculos amicales y familiares no chocan con aquello que les incomoda y no logran entender del todo cuando sucede un caso de violencia, siendo el humor y el sarcasmo colaboradores de la complicidad que involucra no alzar nuestra voz de denuncia y protesta contra un caso que involucra a una menor, una mujer, una adolescente, un niño y un adulto mayor cuando sabemos que esta siendo violentado.  

Considerando que la ola de violencia en sus diferentes formas se viene acrecentando, no solo en el grupo de las relaciones familiares, sino en los espacios públicos “seguros”, tomando peso la autodefensa y la utilización de instrumentos para el control y vigilancia de áreas protegidas y con alta percepción de inseguridad, agudizando el circulo de vulnerabilidad, donde la salida no es combatir violencia con castigo, o violencia con violencia, sino entender porque sucede, de donde nace, como se replica, trabajar con los agresores, conversar con las familias, trabajar en colegios, dejar el celular como medio distracción e incorporar la paternidad responsable, entre otras estrategias. 

Hay que tener en cuenta la diferenciación conceptual entre la evidencia que se tiene de la violencia al ser denuncia, donde hay un proceso racional de acudir a una institución como la PNP y visibilizar un delito, y aquellas situaciones donde no se puede obtener evidencia cuantitativa y/o cualitativa de casos de violencia, porque suceden en el fuero íntimo de los hogares, ámbitos laborales y relaciones heterosexuales o homosexuales. Mas aún cuando los operadores de justicia, promoción y tratamiento se concentran en las ciudades y en los centros históricos de los distritos. Poniendo el ejemplo de los distritos de Cerro Colorado y Paucarpata, ambos de la provincia de Arequipa, concentran la mayor cantidad de población migrante, sin acceso a servicios y con patrones culturales que fortalecen comportamientos violentos, donde el miedo paraliza a nuestras familias, el no imaginarse una vida tranquila y libre de violencia en el hogar se hace cada vez mas lejanos. Manifestando que con la estadística solo estamos viendo lo que queremos ver, la punta del cerro, aún a muchas cosas de bajo de la alfombra, que no se sabe si algún día se limpiará.