Nace
el proceso de descentralización como una demanda del interior del país desde
1990, con miras de largo plazo, permanente, por etapas y vinculante. Por lo que
se entiende una política de Estado que fortalece la unidad de la nación al
democratizar el poder y potenciar los territorios, ámbitos regionales y
locales, dinamizando los seis espacios territoriales que se configuran en el
país: macro norte, amazónico, macro sur, macro centro, centro andino y el de
Lima y el Callao (Secreataría de Descentralización de la Presidencia del
Consejo de Ministros (PCM), 2016).
En
el Perú este proceso inicia formalmente en el 2002 en el gobierno del
presidente Alejandro Toledo, en el cual se estableció como una política de
largo plazo y gradual. Así empezó en muchos países de Latinoamérica y del
mundo.
Empezando
la discusión en que la participación de una red descentralizada es de mucha
utilidad para mejorar procesos en la gestión pública, siempre y cuando no se
convierta en un proceso difuso de agentes heterogéneos, con sus respectivas
tácticas e instrumentos no exentos de contradicción entre sí (ministerios,
agentes del gobierno regional, partidos políticos, empresas inmobiliarias,
prensa local, grupos corporativos vinculados con el desarrollo inmobiliario,
expertos locales, etc.) (Ganter & Matus Madrid, 2020).
El
proceso de descentralización tiene que abarcar, lo que denomina Castells, la
identidad, como funcionalidad de entender el entorno. Tiene su origen en la
cultura y es reproducida, modificada y resignificada a través de ella (Silva e
Sousa, 2011). Es un juego de ida y vuelta, dialectico capaz de dar sentido al
mundo, de interpretarlo, y, a partir de tales interpretaciones, relacionarse con
él.
El
desplazamiento desde zonas rurales a la ciudad obliga a redefinirse socialmente
en un nuevo contexto de interacción, tanto en los referentes culturales usados
en la vida cotidiana como en los marcadores identitarios que son activados u
ocultados en función del contexto de interacción impersonal de las relaciones,
la sensación de inseguridad, el tráfico, las dificultades de acceso a la
vivienda (Valcuende del Río, Vásquez Andrade, & Hurtado Landy, 2016). Se
convierte como el primer alcance primogénito que tiene en sus manos el proceso
de descentralización, el uso y distribución de la tierra.
Entendiendo
que hay una transformación de lo tradicional sobre todo en el migrante del
campo a la ciudad, que progresivamente se va transformando en un traje de gala,
por lo que se usa en los momentos de reafirmación identitaria (Valcuende del
Río, Vásquez Andrade, & Hurtado Landy, 2016). Pasando por procesos de
alienación y aculturación citadina, entonces la misma población sufre cambios
en estos flujos poblacionales que pasan en el territorio.
Justo
en el proceso de descentralización algunos historiadores han puesto en relieve
un conjunto de instituciones, actores y prácticas correspondientes a las
provincias confederadas, pudiendo ser otra propuesta. En este sentido,
revelaron cómo los estados provinciales delegaron gran parte de sus
atribuciones a una entidad mayor: el Estado federal, lo cual conlleva una
autonomía administrativa, económica y política, que avanzó con legislaciones
concretas para llevar a cabo una centralización estatal y una modernización
administrativa (Lanteri, 2013), alcanzando un entendimiento en el territorio,
porque la recentralización llega hasta nivel de regional, donde las
competencias y la funcionabilidad se capitaliza en las ciudades de los
departamentos.
Volviendo
a las grandes discusiones del proceso de descentralización, qué se tenía que
descentralizar, bajo qué condiciones y reglas políticas. Como consecuencia de
lo anterior, en las regiones crece un malestar social que se traduce en
protestas y estallidos sociales, fenómenos que se han gestado en territorios
postergados por el poder central (crisis de expectativas entre lo nacional y lo
regional).
Generando
una pequeña conclusión a un gran proceso que sigue en marcha. Para poder tener
un ordenamiento territorio municipal y distrital comprende un conjunto de
acciones político-administrativas y de planificación física concertadas,
enmarcardas en un proceso de descentralización.

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