viernes, 18 de julio de 2025

La descentralización como proceso reformista vigente

 

Nace el proceso de descentralización como una demanda del interior del país desde 1990, con miras de largo plazo, permanente, por etapas y vinculante. Por lo que se entiende una política de Estado que fortalece la unidad de la nación al democratizar el poder y potenciar los territorios, ámbitos regionales y locales, dinamizando los seis espacios territoriales que se configuran en el país: macro norte, amazónico, macro sur, macro centro, centro andino y el de Lima y el Callao (Secreataría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), 2016).

En el Perú este proceso inicia formalmente en el 2002 en el gobierno del presidente Alejandro Toledo, en el cual se estableció como una política de largo plazo y gradual. Así empezó en muchos países de Latinoamérica y del mundo. 

Empezando la discusión en que la participación de una red descentralizada es de mucha utilidad para mejorar procesos en la gestión pública, siempre y cuando no se convierta en un proceso difuso de agentes heterogéneos, con sus respectivas tácticas e instrumentos no exentos de contradicción entre sí (ministerios, agentes del gobierno regional, partidos políticos, empresas inmobiliarias, prensa local, grupos corporativos vinculados con el desarrollo inmobiliario, expertos locales, etc.) (Ganter & Matus Madrid, 2020).

El proceso de descentralización tiene que abarcar, lo que denomina Castells, la identidad, como funcionalidad de entender el entorno. Tiene su origen en la cultura y es reproducida, modificada y resignificada a través de ella (Silva e Sousa, 2011). Es un juego de ida y vuelta, dialectico capaz de dar sentido al mundo, de interpretarlo, y, a partir de tales interpretaciones, relacionarse con él.

El desplazamiento desde zonas rurales a la ciudad obliga a redefinirse socialmente en un nuevo contexto de interacción, tanto en los referentes culturales usados en la vida cotidiana como en los marcadores identitarios que son activados u ocultados en función del contexto de interacción impersonal de las relaciones, la sensación de inseguridad, el tráfico, las dificultades de acceso a la vivienda (Valcuende del Río, Vásquez Andrade, & Hurtado Landy, 2016). Se convierte como el primer alcance primogénito que tiene en sus manos el proceso de descentralización, el uso y distribución de la tierra. 

Entendiendo que hay una transformación de lo tradicional sobre todo en el migrante del campo a la ciudad, que progresivamente se va transformando en un traje de gala, por lo que se usa en los momentos de reafirmación identitaria (Valcuende del Río, Vásquez Andrade, & Hurtado Landy, 2016). Pasando por procesos de alienación y aculturación citadina, entonces la misma población sufre cambios en estos flujos poblacionales que pasan en el territorio.

Justo en el proceso de descentralización algunos historiadores han puesto en relieve un conjunto de instituciones, actores y prácticas correspondientes a las provincias confederadas, pudiendo ser otra propuesta. En este sentido, revelaron cómo los estados provinciales delegaron gran parte de sus atribuciones a una entidad mayor: el Estado federal, lo cual conlleva una autonomía administrativa, económica y política, que avanzó con legislaciones concretas para llevar a cabo una centralización estatal y una modernización administrativa (Lanteri, 2013), alcanzando un entendimiento en el territorio, porque la recentralización llega hasta nivel de regional, donde las competencias y la funcionabilidad se capitaliza en las ciudades de los departamentos.

Volviendo a las grandes discusiones del proceso de descentralización, qué se tenía que descentralizar, bajo qué condiciones y reglas políticas. Como consecuencia de lo anterior, en las regiones crece un malestar social que se traduce en protestas y estallidos sociales, fenómenos que se han gestado en territorios postergados por el poder central (crisis de expectativas entre lo nacional y lo regional).

Generando una pequeña conclusión a un gran proceso que sigue en marcha. Para poder tener un ordenamiento territorio municipal y distrital comprende un conjunto de acciones político-administrativas y de planificación física concertadas, enmarcardas en un proceso de descentralización.



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