En las ocho
provincias del departamento de Arequipa se encuentra la pequeña minería y la
minería artesanal en actividad, mayormente en zonas inaccesibles, sin presencia
del Estado y convive con otras actividades económicas informales e ilegales
como la prostitución, la venta de cocaína, la trata de personas y los bares
clandestinos, todo esto cerca a centros urbanos que han tenido una explosión
demográfica en los últimos 15 años. Siendo un problema complejo, estructural y
multicausal que obedece a un incremento desmedido de la clase trabajadora, la
acumulación de los medios de producción, solo canales coactivos por parte del
Estado y la evolución del capital político que se incide en todos los niveles
de representación popular, desde una municipalidad hasta el Congreso de la
República.
Tenemos que
diferenciar que lo ilegal es radicalmente opuesto a lo informal, no podemos
unir a ambos procesos de producción en el mismo rubro económico, queriendo
generalizar todo en un proceso homogéneo. El pequeño minero y los mineros artesanales
que están en vías de formalización pagan sus tributos a la SUNAT según su
escala, mantienen instrumentos de gestión ambiental para ver el grado de
afectación a los ecosistemas donde aplican la extracción del recurso mineral
sea controlado e informado, a parte que están el REINFO (Registro Integral de
Formalización Minera), entonces lo informales están enrumbados en cumplir los
requisitos que demanda el Estado peruano en sus diferentes canales
burocráticos. En cambio, los mineros ilegales depredan los ecosistemas sin
importar la flora y la fauna, hacen minería en cabeceras de cuenca contaminando
los afluentes de agua para el consumo humano y riego de cultivos para la
agricultura como los pastizales para la ganadería, viviendo al margen de la
ley. Siendo caldo de cultivo del narcotráfico.
La crisis de
la minería artesanal e informal en el Perú comenzó a inicios del siglo XXI,
cuando la empresa Minera Yanacocha, una mina de oro, empieza su funcionamiento
generando expectativas a todas las personas aledañas a las actividades mineras,
por su alta rentabilidad y poca inversión de capital en un inicio, por ejemplo,
hace 23 años la onza de oro costaba 270 dólares, actualmente se encuentra
valorizado en 2700 dólares la misma onza, todo abona a dejar otras actividades
productivas amparadas en la planificación y temporadas de cosecha y siembra,
primando el mecanismo pragmático, antes que el programático.
Entonces el
Estado empezó a crear controles gubernamentales para la “formalización” de la
actividad minera en pequeña escala y la minería artesanal. En el 2012 sale el
decreto legislativo 1105 de la pequeña minería y la minería artesanal que dan
diferentes controles, los mas agresivos son con la SUNAT, la titularidad de la
concesión y la propiedad de la concesión, imponiéndose como cuellos de botella
para la formalización que decreta el Estado, que desde mi punto de vista solo
pone controles, una endeble fiscalización que no se cumple en la acción y sin considerar
la contextualización de las diferentes zonas geográficas donde se hace minería
en el Perú. Sabiendo que la minería artesanal y pequeña tributa a favor del
Estado peruano 3000 millones de dólares actualmente. Obviamente hay intereses
geopolíticos y con capitales financieros en el Perú que no quieren aplicar la
política social de mercado y competir.
Con la
controversia en ebullición, conflictos, casi entrando en etapa de crisis. Nace
el REINFO en 2016, dando un plazo del 2020, cuando entra Pedro Castillo a la
presidencia de la república del Perú, alargando el plazo hasta el 31 de
diciembre del 2024. Actualmente se ha ampliado el por seis meses más, junio del
2025, donde se va a resolver ningún problema real y con estrategia, sino se van
a dar algunos paliativos.
Reconociendo
también que la minería informal genera empleo a la población económicamente
activa no calificada y con escaso niveles de instrucción, consiguiendo sueldos
muy onerosos por campaña de trabajo, si la beta es enorme y hay que trabajar.
Como responde el Estado, con controles estatales para la pequeña y artesanal
minería con el único enfoque de coaccionar, sin distinción e incriminando con
negocios ilegales a los mineros que estan en vias de formalización.
Desde este punto de partida, esta
democracia empieza a reconfigurarse desde las economías informales, ilegales y
subterráneas, lo cual es muy peligroso, porque no guía un equilibrio de
poderes, sino que los negocios ganen legalidad a través de supuestas
formalizaciones, pero que obedece a intereses políticos , porque siendo más
analíticos las economías de minería artesanal e informal deberían convertirse
en economías de escala y circular, pero el factor político también baja la
llanta de este gobierno, ya deberían haber reglas claras se han reconfigurado
con las muertes extrajudiciales por este gobierno, empeorando cualquier
mecanismo de institucionalidad que nos queda.
Tenemos que
resistir a las políticas de desinformación de actividades productivas formales
e informales, evidenciar sus intereses y los lobbies de cada político
acostumbrado.
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