La mirada de la gestión de los conflictos sociales del Estado peruano

 

La mirada de la gestión de los conflictos sociales del Estado peruano

Lucas Z. Granda.

El Estado tiene poca capacidad para coordinar en pleno conflicto social, no puede prevenir el bloqueo de carreteras. Como sucedió en el bloqueo del reservorio que abastece a 5 mil personas en el campamento minero de Cuajone en el 2022, por reclamo de las comunidades campesinas de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala que exigían la reparación civil de 5 mil millones de dólares a la empresa Southern Perú por utilizar sus terrenos durante cincuenta años de explotación. Informando los empresarios de dicha empresa minera que se perdía cinco millones de dólares al día en exportaciones y 8.5 millones de dólares diarios por concepto de impuestos y regalías. Pero, por otro lado, tenemos la situación de trece sanciones por parte del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) a dicha empresa minera, nueve de ellas en Moquegua, sumando sanciones por más de 30 mil dólares en multas (Convoca.pe, 2022). Evidenciando que se actúa de manera urgente e instrumental en el tratamiento del conflicto social, escalando al nivel de problemática para la esfera pública nacional que debería ser atendida en sus diferentes niveles de gobierno, de acuerdo a su competencia y funciones vinculantes en el conflicto que se esté desarrollando en el territorio, trayendo a la agenda el proceso de descentralización en el Perú y el tratamiento que se ha tenido a los conflictos sociales desde los gobiernos regionales.

El Estado peruano en el 2008 – 2009 empezó a buscar alternativas y espacios de construcción de diálogo dentro del Estado, comenzando en la secretaria de Coordinación de la PCM, donde el sociólogo Víctor Caballero impulsa el tratamiento de los conflictos sociales, organizando en el 2011 en adelante un equipo especializado para dirigir la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), luego pasaría al nombre de Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad. En la actualidad se denomina la Secretaría de Gestión Social y Diálogo adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), como también diferentes ministerios han logrado conformar sus oficinas de diálogo para afrontar sus respectivos conflictos sociales, por ejemplo se envía personal desconcentrado en regiones de la PCM y el MINEM para la gestión de conflictos sociales; se puede tomar también el caso del Ministerio del Interior a través de la Dirección General de Orden Público, Ministerio de Transportes y Comunicaciones , Ministerio del Medio Ambiente y en particular OEFA tienen equipos que envían cuando hay crisis de conflictos. Los demás ministerios (Vivienda, MIDAGRI, MINEDU, MINSA, MIDIS) también tienen unidades operativas que disponen cuando hay conflictos.

Esta mirada vista desde Lima refuerza la postura centralista de la administración pública, en este caso, en la resolución de conflictos, porque no se impulsa en las regiones, provincias ni gobiernos locales la apertura de oficinas de gestión social y diálogo, bajo un mismo enfoque y metodologías. Siendo siete gobiernos regionales las excepciones, se trata de Arequipa, Ayacucho, Loreto, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali. Cayendo en contradicción aquellas regiones donde se concentra el 52.8% del total de los casos de conflictos sociales, que son Loreto (17) Ancash (12), Apurímac (11), Cusco (10), Cajamarca (8) y Pasco (6). Por eso que se propone que la administración pública gire su orden piramidal en el tratamiento de los conflictos sociales en el país, comenzando por el primer escalón de disputas en los espacios públicos, correlacional a las demandas populares insatisfechas en los cientos de municipalidades distritales y provinciales, desde las unidades de participación ciudadana y las gerencias de desarrollo social, para verificar las competencias y actividades planificadas que elaboran los gobiernos locales para involucrar a la sociedad civil organizada, con la idea transversal de generar un tratamiento de conflictos sociales desde la cohesión social y mejorar los canales de representación, legitimidad y gobernabilidad territorial. 

La propuesta tiene que recaer, según el sistema de representatividad y las competencias gubernamentales de cada nivel de gobierno en el país, en la voluntad política de alcaldes, alcaldesas, gobernadores, gobernadoras, consejeras, consejeros, regidores y regidoras para insertar la idea referida de innovación de gestión pública, discutiendo con un trabajo de investigación serio, sistematizando tanto lo funcional como la realidad vinculante a los gobiernos locales para abrir posibles espacios de diálogo y concertación en los niveles de gobierno más accesibles a la ciudadanía, para poder actuar a nivel preventivo y con un acompañamiento sobre necesidades y demandas populares posibles de ser cumplidas en los niveles descentralizados de gobierno que la sociedad civil se organice para exigirlos. Con ello se podrá institucionalizar el rol de los gobiernos locales a nivel provincial en el tratamiento y prevención de los conflictos sociales, construyendo una cohesión social entre ciudadanía y Estado.

Por otro lado, se debe complementar la creación de espacios de diálogo en el gobierno de la Municipalidad Provincial de Islay con el seguimiento del cumplimiento de acuerdos en los espacios de diálogo. Reforzando esta idea el Adjunto de la Oficina de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo Rolando Luque, mencionando en el Informe Defensorial N°187-2021-DP que, del seguimiento de acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo, el 72.5% de éstos fueron asumidos por el Estado, el 19% por la empresa privada y el 14.4% por la sociedad. Pero el 87% de los acuerdos no se le encargó a ninguna entidad a hacerle seguimiento (Defensoría del Pueblo, 2022). Para ello el Estado debe tener las reglas claras cuando participa en los procesos de diálogo, para ver en qué se puede comprometer y en qué no.