La batalla perdida de
la descentralización.
Lucas Z. Granda
Terminando de
escuchar “Discuerdos” un programa del “Circulo de Estudios Voces” que trataba
sobre la reproducción de las clases privilegiadas en el Perú según los colegios
donde se estudió, sin importar la ideología, derechas y/o izquierdas, se forman
para gobernar el mundo. Confluyendo con la declaración de la sociedad civil
organizada de la Provincia de Caylloma de manifestar “PERSONA NO GRATA” al
gobernador Rohel Sánchez por delegar el proyecto de irrigación Majes Siguas II al
gobierno central. Se verifica que ambos hechos sociales relatados se integran
para quienes es útil la centralización, y quienes renuncian a procesos
reformistas históricos, como el proceso de descentralización. Explicando a
continuación que el proceso de descentralización, no solo es delegar grandes
proyectos de inversión pública al gobierno central, sino es perder autonomía
regional, tanto en competencias y funcionabilidad de la burocracia.
El proceso de
descentralización como una demanda del interior del país desde 1990, con miras
de largo plazo, permanente, por etapas y vinculante. Por lo que se entiende una
política de Estado que fortalece la unidad de la nación al democratizar el
poder y potenciar los territorios, ámbitos regionales y locales, dinamizando
los seis espacios territoriales que se configuran en el país: macro norte,
amazónico, macro sur, macro centro, centro andino y el de Lima y el Callao
(Secreataría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros
(PCM), 2016).
En el Perú
este proceso inicia formalmente en el 2002 en el gobierno del presidente
Alejandro Toledo, en el cual se estableció como una política de largo plazo y
gradual. Así empezó en muchos países de Latinoamérica y del mundo.
Empezando la
discusión en que la participación de una red descentralizada es de mucha
utilidad para mejorar procesos en la gestión pública, siempre y cuando no se
convierta en un proceso difuso de agentes heterogéneos, con sus respectivas
tácticas e instrumentos no exentos de contradicción entre sí (ministerios,
agentes del gobierno regional, partidos políticos, empresas inmobiliarias,
prensa local, grupos corporativos vinculados con el desarrollo inmobiliario,
expertos locales, etc.) (Ganter & Matus Madrid, 2020).
El proceso de
descentralización tiene que abarcar, lo que denomina Castells, la identidad,
como funcionalidad de entender el entorno. Tiene su origen en la cultura y es
reproducida, modificada y resignificada a través de ella (Silva e Sousa, 2011).
Es un juego de ida y vuelta, dialectico capaz de dar sentido al mundo, de
interpretarlo, y, a partir de tales interpretaciones, relacionarse con él.
El
desplazamiento desde zonas rurales a la ciudad obliga a redefinirse socialmente
en un nuevo contexto de interacción, tanto en los referentes culturales usados
en la vida cotidiana como en los marcadores identitarios que son activados u
ocultados en función del contexto de interacción impersonal de las relaciones,
la sensación de inseguridad, el tráfico, las dificultades de acceso a la
vivienda (Valcuende del Río, Vásquez Andrade, & Hurtado Landy, 2016). Se
convierte como el primer alcance primogénito que tiene en sus manos el proceso
de descentralización, el uso y distribución de la tierra.
Entendiendo
que hay una transformación de lo tradicional sobre todo en el migrante del
campo a la ciudad, que progresivamente se va transformando en un traje de gala,
por lo que se usa en los momentos de reafirmación identitaria (Valcuende del
Río, Vásquez Andrade, & Hurtado Landy, 2016). Pasando por procesos de
alienación y aculturación citadina, entonces la misma población sufre cambios
en estos flujos poblacionales que pasan en el territorio.
La centralidad
también se refiere a las funciones simbólicas, de gobierno, intercambio social,
comercial y cultural que se desarrollan en el espacio (Delgadillo, 2012). En
cierto sentido, la centralidad tiene que ver con el derecho a participar,
dentro de un espacio polivalente, de la relevancia urbana (Pino Andrade,
Mauricio Andrés, Aguirre Déleg, & Salazar Vintimilla, 2019). Justo es allí
donde ya se van tocando ideas del derecho a la ciudad, donde se reclama la libertad
de transformación del espacio urbano no solo como una acción sobre el espacio
construido sino como una manifestación de la vida urbana y de la capacidad de
organización social de sus habitantes (Hiernaux, 2013). De esta forma, existe
una relación socio-espacial inmanente en donde es el sujeto (individual y
colectivo) quien tiene la posibilidad de apropiarse del espacio y transformarlo
material y subjetivamente. La producción del espacio urbano, entre materialidad
y subjetividad (Pino Andrade, Mauricio Andrés, Aguirre Déleg, & Salazar
Vintimilla, 2019).
Con el ánimo
de ver procesos institucionalizados, citamos el país de Colombia, donde se
fortalecen la fluidez de vías de conectividad y comunicación que permite la
interacción entre sus gobiernos locales. Los municipios gozan de cierta
autonomía, y es ahí de donde surgen los planes orientados a proteger sus bienes
culturales (Nuñez Coronel, 2018). El gobierno respalda estas políticas y
decisiones, permitiendo así que se realicen más planes de trabajo locales que,
al mismo tiempo, estén dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Esta
descentralización del poder dinamiza el proceso de mejora de los centros
históricos. En gran medida, el éxito de las gestiones realizadas en los centros
históricos colombianos responde a la vinculación del ordenamiento territorial y
el patrimonio cultural por encima de sus conflictos internos, siendo procesos
vinculantes, no solo declarativos como es en el Perú.
También hay
voces disonantes con el proceso de descentralización, citando a la historia,
como el investigador Canedo (2019, p. 178) donde define que la municipalización
de poblaciones sucedía en las provincias rioplatenses –alrededor de la década
de 1850– implicó la asunción o delegación de funciones y prerrogativas al ámbito
local al mismo tiempo que generó nuevas o reformuladas jurisdicciones en
diversas esferas (territorial, poblacional, fiscal, educativa y sanitaria
(Kozul, 2022). Donde la idea de municipalización del territorio quitaba poder
en la administración de recursos en los niveles subnacionales primarios. Hasta
hubo movimientos políticos de izquierda que no vieron estas reformas como
alternativa de redistribuir el poder, porque en el siglo XX se tenía una
izquierda estatista y no valoró la dispersión del poder; más bien, receló de la
descentralización como un instrumento oligárquico al servicio de latifundistas
que, mediante el clientelismo, controlaron los municipios. No obstante, los
parlamentarios de centro (radicales y demócratas cristianos), al igual que
muchos izquierdistas, calcaron las prácticas liberales-conservadoras de
“gestionar proyectos” para “sus comunidades”, sin una visión de
descentralización y creación de fondos autónomos (Valenzuela, Penaglia, &
Basaure, 2016).
Volviendo a
las grandes discusiones del proceso de descentralización, qué se tenía que
descentralizar, bajo qué condiciones y reglas políticas. Como consecuencia de
lo anterior, en las regiones crece un malestar social que se traduce en
protestas y estallidos sociales, fenómenos que se han gestado en territorios
postergados por el poder central (crisis de expectativas entre lo nacional y lo
regional).
La
descentralización no solo es un proceso para mejorar la administración pública
de manera desconcentrada en los departamentos, sino es un forma de redistribuir
el poder y empoderar a las autoridades de los gobiernos subnacionales, pero eso
no sé mira, ni se quiere mirar, porque el brillo del dinero y la
mercantilización de los recursos naturales opaca el verdadero debate en la
agenda pública.
