Economía que se resiente con el gobierno.

 

Economía que se resiente con el gobierno.

Lucas Z. Granda.

Como país nos hemos contraído económicamente, estamos dentro de una recesión económica, y sino podemos transformar como reactivar motores económicos no convencionales entraremos a una depresión económica, agravando aún mas los bolsillos de la ciudadanía con el encarecimiento de la canasta básica familiar, la reducción del empleo público, el espanto de la inversión privada y el sumergimiento aún mas profundo de la pobreza multidimensionalmente.

En nuestra economía peruana tenemos problemas estructurales, diferenciándose según la ubicación geográfica, el nivel socioeconómico y la formalidad del empleo que se posea, estos problemas se organizan en relación a la desigualdad territorial, impacto del cambio climático y una dinámica económica de extracción de recursos naturales. Sin considerar aún que estamos siendo golpeados por una escasez hídrica y un fenómeno del niño que está por llegar.

Sin olvidar que le primer trimestre del año 2023 tuvimos convulsiones sociales en todo el Perú, arrastrada la economía por una crisis política que perdura en el tiempo, donde masacraron a más de 70 personas en diferentes departamentos del país, donde el panorama económico estuvo en promedio a -0.4 del PBI (Producto Bruto Interno) según el INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática), donde se desplomaron las importaciones en -2.1 y la oferta y demanda global estuvo en -0.8. Entonces no olvidemos cuales son las causas estructurales del año fiscal, porque la crisis no es responsabilidad de la ciudadanía que dignamente salió a protestar ante una clase política indolente y que no escucha las reformas políticas que se proponen desde la calle, la crisis obedece a un ejecutivo que no tiene rumbo, que mercantiliza al Estado hacia intereses subalternos de grupetes políticos para seguir sosteniendo el poder.

Para el segundo trimestre del 2023 crecimos en -0.5 del PBI según en BCR (Banco Central de Reserva), las importaciones estuvieron bajas con un 0.8 y la oferta y la demanda global con un 0.7. Donde los motores que nos están manteniendo es el agropecuario con 7.4, minería e hidrocarburos con 12.6, manufactura 12.6 y comercio 10.8 siempre con el flujo primario exportador, no hay ningún proceso de transformación ni valor agregado a nuestros recursos económicos, agravándose la situación donde no hay inversiones externas e internas en nuestro país. Considerando que la estrategia “con punche Perú” de reactivar a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) no esta funcionando sino articulamos interinstitucionalmente con SUNAT, con una lógica descentralizada hacia las regiones, y procesos de formalización a actividades que no tributan ni son percibidas por el Estado.

En una entrevista el 22 de octubre en Latina con Mónica Delta se encontraban los exministros de economía Alfredo Thorne, Alonso Segura y David Tuesta, manifestando a una sola voz que el gobierno de Dina Boluarte no tiene propuestas económicas, no trae inversiones al Perú, no genera seguridad jurídica y mucho menos confianza. Últimamente se menciona el cambio del ministro de economía y el presidente del consejo de ministros para refrescar el gabinete, pero son paliativos de un gobierno que solo quiere quedarse hasta el 2026, cueste lo que cueste.

La crisis económica seguirá agravándose por este gobierno que no resuelve ningún conflicto social en regiones, donde se merma diariamente a la Juntan Nacional de Justicia (JNE), dando señales de cero políticas institucionales del respeto al Estado de derecho, entrando a unas fiestas de fin de año que van a coludir la ineptitud de Dina Boluarte para hacerse cargo de los motores económicos.

Cerraremos este 2024 entre demandas populares insatisfechas y sin un norte para caminar el próximo año.

Islay, conflictos sin resolver.

 

Islay, conflictos sin resolver.

Lucas Z. Granda

Islay, una de las ocho provincias de la región Arequipa cobra importancia en la esfera pública por el conflicto socioambiental iniciado el 2007 a causa del Proyecto Minero Tía María y la Tapada por la Compañía Minera Southern Copper Perú en el Valle de Tambo, parte agrícola y ganadera de la jurisdicción, abarcando los distritos de Cocachacra, Punta de Bombón y Deán Valdivia.

Donde la población mayormente a migrado de la sierra sur por mejores condiciones de vida y oportunidades de trabajo. Este conflicto sigue en permanente estado de latencia, guiando la opinión pública y estableciendo tendencias políticas en movimientos regionales y locales para procesos electorales municipales y regionales, sin tocar la ebullición violenta que desencadena el conflicto, teniendo muchos momentos álgidos en el 2011, 2014, 2017 y 2019, Tía María convive con las demandas populares y necesidades ciudadanas atendidas por las municipalidades, porque el departamento de relaciones comunitarias de la empresa minera nunca se fue, como también los dirigentes anti mineros siguen presentes en espacios de participación y ocupan cargos gremiales donde la disputa ideológica en el territorio se combina con la idiosincrasia de la población trasladando las motivaciones y yuxtaposición de intereses a obras de infraestructura, organización en la pandemia, políticas asistenciales distritales, manifestaciones deportivas y protestas continuas a menor escala.  

Haciendo referencia el título del articulo a “conflictos” en plural, porque comenzamos hablando solo de uno. Para poder reflejar un estereotipo dentro del sentido común de la gestión pública, gestión de conflictos sociales y el proceso de la descentralización. Por ejemplo, cuando se conversaba con unos asesores del Gobierno Regional de Arequipa y de la PCM se tenia una mirada reduccionista de mirar toda la Provincia de Islay en relación a un conflicto socioambiental extractivista para insertar la actividad productiva minera, porque su evidencia se basa en momentos donde el conflicto estuvo en estado de crisis y marco los noticieros a nivel nacional, pero no se ha hecho el trabajo de bajar al llano, convivir con las percepciones de la ciudadanía e identificar las lógicas distritales frente a los sucesos que acontecen desde el 2007.

Toda la provincia se mueve en dos lógicas territoriales, una que agrupa a Mollendo-Islay y la otra que gira en torno al Valle de Tambo, no solo está la actividad agrícola como generadora de empleo, sino la pesca de recursos hidrobiológicos, la infraestructura turística, el boom de construcción civil por obras por impuestos que se generan por las industrias y empresas que residen en la jurisdicción, y la impartición de diferentes servicios. Conociendo además que esta el Puerto de Matarani como último tramo de corredor minero que viene desde Cusco, siendo una infraestructura estratégica para el comercio con el mar del pacifico. Y nos quedamos cortos.

Todas las actividades mencionadas tienen conflictos sociales relacionados a la contaminación por actividades industriales posicionadas en la provincia, paralización de obras públicas por una ineficiente gestión pública, agroquímicos en los productos de los mercados locales, trafico de terrenos por dirigentes donde no se encuentra una salida con las familias Vargas Velón y Toalino, problemas de delimitación territorial entre Mejía y Deán Valdivia, Deán Valdivia con Cocachacra, como también la delimitación entre la Provincia de Camaná e Islay en relación a la pertenencia de caletas por la carretera costare, donde no se puede invertir presupuesto público hasta la fecha, donde ya hay problemas de malversación de fondos (una tarea para los consejeros de ambas provincias), entre otros conflictos.

Cuando me toco vivir mas de dos años y medio en el Distrito de Islay, identificas a una población que viene de todo el Perú, pero sobre todo conoce muy los espacios de participación que están devaluados en el Estado, conocen a las autoridades en su quehacer corrupto, como también a quien se inmola por su gente, conocen muy bien lo que necesitan y cuales son los canales para poder obtener un beneficio individual como colectivo. Nunca respire tanta política gremial, partidaria y participativa que, en la Provincia de Islay, se aprende los principios de la negociación, identificación de intereses y mecanismos de concertación desde los espacios públicos, eso no se puede evidenciar en un listado de noticias, ni mucho menos en reportes de hechos de violencia consumada por la Defensoría del Pueblo.

El Estado en Islay ha fracasado para generar institucionalidad y confianza en la ciudadanía, su tarea es garantizar todos los derechos de la población, trabajando arduamente para que la población deje de percibirlo como un agente externo y lejano de la protección de la ciudadanía. Para ello se debe incorporar instancias de diálogo en el primer nivel de gobiernos subnacionales, es necesario para poder lograr un mejor entendimiento entre peruanas y peruanos. Que la violencia no se vuelva una manera de resolución de conflictos cotidiana en la sociedad, como mecanismo para que puedan prestar atención a las necesidades ciudadanas y demandas populares que tiene la sociedad civil organizada.

La mirada de la gestión de los conflictos sociales del Estado peruano

 

La mirada de la gestión de los conflictos sociales del Estado peruano

Lucas Z. Granda.

El Estado tiene poca capacidad para coordinar en pleno conflicto social, no puede prevenir el bloqueo de carreteras. Como sucedió en el bloqueo del reservorio que abastece a 5 mil personas en el campamento minero de Cuajone en el 2022, por reclamo de las comunidades campesinas de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala que exigían la reparación civil de 5 mil millones de dólares a la empresa Southern Perú por utilizar sus terrenos durante cincuenta años de explotación. Informando los empresarios de dicha empresa minera que se perdía cinco millones de dólares al día en exportaciones y 8.5 millones de dólares diarios por concepto de impuestos y regalías. Pero, por otro lado, tenemos la situación de trece sanciones por parte del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) a dicha empresa minera, nueve de ellas en Moquegua, sumando sanciones por más de 30 mil dólares en multas (Convoca.pe, 2022). Evidenciando que se actúa de manera urgente e instrumental en el tratamiento del conflicto social, escalando al nivel de problemática para la esfera pública nacional que debería ser atendida en sus diferentes niveles de gobierno, de acuerdo a su competencia y funciones vinculantes en el conflicto que se esté desarrollando en el territorio, trayendo a la agenda el proceso de descentralización en el Perú y el tratamiento que se ha tenido a los conflictos sociales desde los gobiernos regionales.

El Estado peruano en el 2008 – 2009 empezó a buscar alternativas y espacios de construcción de diálogo dentro del Estado, comenzando en la secretaria de Coordinación de la PCM, donde el sociólogo Víctor Caballero impulsa el tratamiento de los conflictos sociales, organizando en el 2011 en adelante un equipo especializado para dirigir la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), luego pasaría al nombre de Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad. En la actualidad se denomina la Secretaría de Gestión Social y Diálogo adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), como también diferentes ministerios han logrado conformar sus oficinas de diálogo para afrontar sus respectivos conflictos sociales, por ejemplo se envía personal desconcentrado en regiones de la PCM y el MINEM para la gestión de conflictos sociales; se puede tomar también el caso del Ministerio del Interior a través de la Dirección General de Orden Público, Ministerio de Transportes y Comunicaciones , Ministerio del Medio Ambiente y en particular OEFA tienen equipos que envían cuando hay crisis de conflictos. Los demás ministerios (Vivienda, MIDAGRI, MINEDU, MINSA, MIDIS) también tienen unidades operativas que disponen cuando hay conflictos.

Esta mirada vista desde Lima refuerza la postura centralista de la administración pública, en este caso, en la resolución de conflictos, porque no se impulsa en las regiones, provincias ni gobiernos locales la apertura de oficinas de gestión social y diálogo, bajo un mismo enfoque y metodologías. Siendo siete gobiernos regionales las excepciones, se trata de Arequipa, Ayacucho, Loreto, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali. Cayendo en contradicción aquellas regiones donde se concentra el 52.8% del total de los casos de conflictos sociales, que son Loreto (17) Ancash (12), Apurímac (11), Cusco (10), Cajamarca (8) y Pasco (6). Por eso que se propone que la administración pública gire su orden piramidal en el tratamiento de los conflictos sociales en el país, comenzando por el primer escalón de disputas en los espacios públicos, correlacional a las demandas populares insatisfechas en los cientos de municipalidades distritales y provinciales, desde las unidades de participación ciudadana y las gerencias de desarrollo social, para verificar las competencias y actividades planificadas que elaboran los gobiernos locales para involucrar a la sociedad civil organizada, con la idea transversal de generar un tratamiento de conflictos sociales desde la cohesión social y mejorar los canales de representación, legitimidad y gobernabilidad territorial. 

La propuesta tiene que recaer, según el sistema de representatividad y las competencias gubernamentales de cada nivel de gobierno en el país, en la voluntad política de alcaldes, alcaldesas, gobernadores, gobernadoras, consejeras, consejeros, regidores y regidoras para insertar la idea referida de innovación de gestión pública, discutiendo con un trabajo de investigación serio, sistematizando tanto lo funcional como la realidad vinculante a los gobiernos locales para abrir posibles espacios de diálogo y concertación en los niveles de gobierno más accesibles a la ciudadanía, para poder actuar a nivel preventivo y con un acompañamiento sobre necesidades y demandas populares posibles de ser cumplidas en los niveles descentralizados de gobierno que la sociedad civil se organice para exigirlos. Con ello se podrá institucionalizar el rol de los gobiernos locales a nivel provincial en el tratamiento y prevención de los conflictos sociales, construyendo una cohesión social entre ciudadanía y Estado.

Por otro lado, se debe complementar la creación de espacios de diálogo en el gobierno de la Municipalidad Provincial de Islay con el seguimiento del cumplimiento de acuerdos en los espacios de diálogo. Reforzando esta idea el Adjunto de la Oficina de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo Rolando Luque, mencionando en el Informe Defensorial N°187-2021-DP que, del seguimiento de acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo, el 72.5% de éstos fueron asumidos por el Estado, el 19% por la empresa privada y el 14.4% por la sociedad. Pero el 87% de los acuerdos no se le encargó a ninguna entidad a hacerle seguimiento (Defensoría del Pueblo, 2022). Para ello el Estado debe tener las reglas claras cuando participa en los procesos de diálogo, para ver en qué se puede comprometer y en qué no.

 

Somos una sociedad violenta, ¿lo seremos siempre?

 

Somos una sociedad violenta, ¿lo seremos siempre?

Lucas Z. Granda.

La violencia es estructural, se replica y no tiene vacuna alguna que pueda aminorar la tendencia estadística a nivel urbano, rural, estratos socioeconómicos altos y bajos. La violencia física, sexual, patrimonial, psicológica, verbal y demás, se reinventan a la hora de causar impacto a las personas más vulnerables, sobre todo. Donde la pobreza y la desigualdad recrean contextos perniciosos en la sociedad, siendo problemas endémicos en diferentes contextos territoriales que acompañan una multiplicidad de factores que terminan acabando con el derecho a vivir en una sociedad digna, justa y democrática.

En el documento “Perú: Feminicidio y Violencia contra la Mujer 2015-2022” del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) consolida la narrativa que la violencia es un tema estructural en nuestra sociedad. En el rango de años del documento citado 1045 feminicidios contrastados y validados han sucedido en todo el Perú, y cuando lo dividimos por departamento se logra tener que Lima Metropolitana se sitúan 257 feminicidios, Cusco con 68 feminicidios, Arequipa con 63 feminicidios, Huánuco con 53 feminicidios, Junín con 53 feminicidios y Puno con 51 feminicidios, estos serian los departamentos con mas muertes de mujeres por su condición de genero y sexo, donde han sufrido violencia permanente y sistémica hasta acabar con su vida.

Los feminicidios vienen acompañados con acoso callejero, violaciones sexuales, dependencia económica, poca educación sexual integral en los colegios para no identificar las agresiones por personas que gozan de un rol de poder jerárquico y hegemónico. Entonces la violencia utiliza al miedo para replicarse en diferentes espacios públicos y privados.

Esta ola de violencia que viene azotando a nuestra sociedad, a veces ya no logra ser noticia para los medios de comunicación locales y nacionales, porque se ha interiorizado en el sentido común de la población y con ello la normalización se hace presente, aún peor cuando se rechaza toda lucha y resistencia contra el tratamiento de la violencia en colegios, universidades, operadores justicia e institucionalidad del Estado. Cada vez es a cuenta y riesgo de cada individuo, donde el fortalecimiento comunitario del barrio, de la congregación, vínculos amicales y familiares no chocan con aquello que les incomoda y no logran entender del todo cuando sucede un caso de violencia, siendo el humor y el sarcasmo colaboradores de la complicidad que involucra no alzar nuestra voz de denuncia y protesta contra un caso que involucra a una menor, una mujer, una adolescente, un niño y un adulto mayor cuando sabemos que esta siendo violentado.  

Considerando que la ola de violencia en sus diferentes formas se viene acrecentando, no solo en el grupo de las relaciones familiares, sino en los espacios públicos “seguros”, tomando peso la autodefensa y la utilización de instrumentos para el control y vigilancia de áreas protegidas y con alta percepción de inseguridad, agudizando el circulo de vulnerabilidad, donde la salida no es combatir violencia con castigo, o violencia con violencia, sino entender porque sucede, de donde nace, como se replica, trabajar con los agresores, conversar con las familias, trabajar en colegios, dejar el celular como medio distracción e incorporar la paternidad responsable, entre otras estrategias. 

Hay que tener en cuenta la diferenciación conceptual entre la evidencia que se tiene de la violencia al ser denuncia, donde hay un proceso racional de acudir a una institución como la PNP y visibilizar un delito, y aquellas situaciones donde no se puede obtener evidencia cuantitativa y/o cualitativa de casos de violencia, porque suceden en el fuero íntimo de los hogares, ámbitos laborales y relaciones heterosexuales o homosexuales. Mas aún cuando los operadores de justicia, promoción y tratamiento se concentran en las ciudades y en los centros históricos de los distritos. Poniendo el ejemplo de los distritos de Cerro Colorado y Paucarpata, ambos de la provincia de Arequipa, concentran la mayor cantidad de población migrante, sin acceso a servicios y con patrones culturales que fortalecen comportamientos violentos, donde el miedo paraliza a nuestras familias, el no imaginarse una vida tranquila y libre de violencia en el hogar se hace cada vez mas lejanos. Manifestando que con la estadística solo estamos viendo lo que queremos ver, la punta del cerro, aún a muchas cosas de bajo de la alfombra, que no se sabe si algún día se limpiará.