En el Perú tenemos una población
electoral de 26 158 135 personas, donde el 2026 se escogerá 25 gobiernos
regionales, 196 alcaldes provinciales, 1694 alcaldes distritales, 342
consejeros regionales, 1714 regidores provinciales y 9036 regidores distrital
(infogob-JNE, 2025), considerando presidentes, vicepresidentes, diputados y
cenadores. Las reglas se modifican constantemente, no para fortalecer la
institucionalidad del sistema electoral, sino para prorratear los intereses de
los partidos políticos que dirigen el legislativo y controlan el ejecutivo.
La ley N°32264 que modifica la
ley orgánica de elecciones reduce requisitos para la inscripción de
candidaturas, amplia los plazos para la inscripción y designación de
candidatos, logra ampliar el plazo para conformar las alianzas, y todas las
medidas disponen una precarización del proceso electoral general en el 2026,
desde una mirada pragmática y depredando la institución del Jurado Nacional de
Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Por más esfuerzos que el
presidente JNE Roberto Burneo Bermejo tengan en una reunión con sociedad civil
y empresarios el 17 de marzo del 2025, tratando de garantizar la transparencia
e independencia de las elecciones generales al 2026, considerando la ampliación
del cronograma electoral para la inscripción de alianzas electorales obligado
por el congreso de la república generando desconfianza y debilitamiento en la
independencia a las instituciones del sistema electoral. Donde iniciativas como
el Observatorio Electoral, mediante resolución N°109-2025, plantea veedurías,
información y transparencia, pero la atomización de las agrupaciones políticas
hace que las innovaciones en la justicia electoral solo se conviertan en
paliativos de un proceso que, con más de 41 partidos políticos, aún en el mes
de marzo, será infructuoso.
El 12 de abril se vence la
inscripción de los partidos políticos a participar en las siguientes
elecciones, considerando que 50 partidos políticos del registro del JNE ha
perdido la inscripción, en el mes de marzo ya se registraron 41 agrupaciones, y
antes de vencerse el plazo hay 32 partidos que quieren alcanzar la inscripción
electoral (Jurado Nacional de Elecciones, 2025). Este es el mayor argumento de
deslegitimación del proceso electoral, porque la dispersión del voto se hará en
relación a la cantidad de partidos políticos inscritos, entonces habrá dos
agrupaciones que pasen a la segunda vuelta en mayo del 2026 con menos del 5% a
8% de los votos emitidos, donde ambas cámaras del legislativo mostrara una
dispersión de agrupaciones políticas suficientes para deplorar el debate,
imponer el lobby en vez del problema social, y disponer el lucro del erario
nacional en vez de luchar contra la desigualdad.
El domingo 12 de abril del 2026
serán las elecciones generales, no será una fiesta democrática, será una
repartición de puestos a personas individuales que alcancen la baya electoral.
No debemos dejarnos engañar, no hay oportunidad posible ni para las derechas,
izquierdas y agrupaciones de centro que quieren ocupar un cargo público, sobre
todo porque no hay posturas ideológicas en el Perú, solo conjuntos de intereses
volátiles en procesos electorales coyunturales, manifestados a continuación.
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