En
las ciudades de América Latina se han acrecentado desigualdades sociales,
teniendo su núcleo duro en la economía de cada país y en las jerarquías políticas.
En las ciudades se ha favorecido el modelo horizontal, siendo en las áreas
urbano-marginales donde se produce el aumento de carencias en infraestructura,
las fallas en los servicios, el deterioro y abandono de los espacios públicos.
En los “Centros Comerciales” son nuevos lugares considerados modernos,
seguros, limpios y tranquilos, en contraste con el espacio público viejo,
sucio, feo, contaminado y peligroso, donde los ciudadanos pasan de ser
visitantes a consumidores. Intensificando la desigualdad que caracteriza a toda
América Latina, propiciando las condiciones de informalidad, como un mecanismo
de desfogue a la normalidad laboral que se agrupa a la formalidad.
El arquitecto catalán Manuel de
Sola-Morales manifestó que "el
peligro máximo de nuestras ciudades no es la dispersión o congestión, sino la
segregación", definida como la "consolidación
de paquetes de funciones que tienden a cerrarse a sí mismos, creando espacios
para ricos y pobres, zonas de oficina y zonas de vivienda",
sectorizando, discriminando, provocando un constante conflicto social-urbano
que lapida la democracia y la gobernabilidad de una ciudad.
Así tenemos que: "En muchos casos, los residentes de un
conjunto habitacional de diversos estratos socioeconómicos cierran sus calles y
su área verde colectiva y exigen exclusividad de uso, con lo cual se limitan
las posibilidades de promover acciones en las que se mezcle y maximice su
uso", en la mayoría de estos casos los ciudadanos ocupan cargos de muy
alta jerarquía política y económica, lo cual genera inequidad en la
distribución de los espacios públicos, legitimado por un abuso de poder
aplicado al sistema de justicia.
Manuel Castells reflexiona sobre los
nuevos conflictos contemporáneos urbanos: "Somos
cada día más consciente de nuestra individualidad, pero al mismo tiempo creamos
nuestras propias redes de relación que nos permitan seguir conectados y
compartir intereses aunque estemos aislados socialmente". La
reciprocidad como humanidad será perenne en el tiempo, pero las manifestaciones
colectivas se están retrayendo y el liderazgo individual está progresando,
parte de un fenómeno social citadino desigual que está pasando.
¿Qué pasó en Latinoamérica?, es que
a consecuencia del fuerte proceso de urbanización en el continente por la
industrialización de sustitución de importaciones, provocado por países como:
Argentina, Brasil, Chile y México, se incorpora una gran cantidad de población
al territorio urbano, demandando vivienda y servicios. Sentando un antecedente
migratorio del campo a la ciudad, con una demanda soterrada de espacios
públicos. Donde la demanda insatisfecha desfogará en la informalidad, abarcando
diferentes ramas productivas, como: el transporte, el uso del espacio público,
comercio, construcción, trabajo en el hogar, manufactura, etc.
En la actualidad la mitad de la
población mundial vive en ciudades; según las previsiones del programa Hábitat
de la ONU, en el 2050 la tasa de urbanización en el mundo llegara a 65%. Las
ciudades son territorios con gran riqueza y diversidad, el modo de vida urbano
influye sobre la forma en que establecemos vínculos con nuestros semejantes y
con el territorio.
En los procesos históricos que ha
vivido nuestra civilización se han formado y puesto en práctica diversos
modelos de desarrollo (el feudalista, capitalista, socialista, libre mercado,
la globalización, entre otros), estableciendo niveles de concentración de renta
y de poder que generan pobreza y exclusión, contribuyendo a la depredación del
ambiente, aceleran los procesos migratorios y de urbanización, la segregación
social, espacial y la privatización del espacio público, avisando las
desigualdades en los países en vías de desarrollo, recreando el modelo
extractivo de recursos naturales.
En esta primera parte se asoma la
informalidad como pilar causal de la desigualdad en toda la región
Latinoamericana, tomando como referencia el libro de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL) “Desigualdad
e Informalidad: Un Análisis de Cinco Experiencias Latinoamericanas”
publicado en el 2015, siendo los editores Verónica Amarante y Rodrigo Arim.
El comportamiento de la informalidad
obedece a coyunturas como la pandemia del COVID-19 y sus particularidades: el
autoempleo para sobrevivir, grupos etarios jóvenes sin acceso a oportunidades
de encontrar un empleo formal y seguro,
cada grupo necesita un tipo de política específica, a menor grado de
instrucción educativa se tienden a ser más informales. La informalidad es ajena
a los derechos laborales y las reivindicaciones de seguridad social,
asociándolo a la pobreza, precariedad y al crecimiento urbano. Es por ello que
diferentes países en la región Latinoamericana han desarrollado algunos
mecanismos de palear la informalidad.
La igualdad de medios en la mejor distribución
del ingreso es un buen comienzo para poder emparejar la cancha, estableciendo
una línea de base en relación a las necesidades y demandas de la población,
siendo ambas diferentes en su conformación. Entendiendo la igualdad, como mayor
capacidades en las personas, en pleno ejercicio de la ciudadanía, en dignidad y
reconocimiento reciproco de los actores.
La informalidad, entendida como el
trabajo no registrado. Y en América Latina alrededor del 55% de los asalariados
no cuenta con cobertura de la seguridad social (CEPAL 2013). Ver el vínculo
entre la desigualdad salarias y la informalidad ha merecido escasa atención.
El proceso seria que los países con
altos niveles de desigualdad, los beneficios de la informalidad son menores
para los individuos más pobres, que no logran apropiarse de su productividad en
el marco de los mercados laborales imperfectos. Tienen que existir incentivos.
Y no restricciones al crédito.
El Brasil, la economía más grande de
la región, Chile la economía con más elevado PBI per cápita y reducción de la
informalidad y el Ecuador es una clara tendencia descendente, es parte del
panorama de lucha contra la informalidad, teniendo su mayor apogeo en el boom
de las materias primas.
En Argentina, la reducción del
desempleo haría caer la informalidad laboral. Se parte de está proposición para
poder determinar las iniciativas en el país,
teniendo en cuenta que la reducción de la participación en la
informalidad de personas con primaria completa, contrastando con los cupos con
las personas que tienen secundaria completa, visibilizando en un primer momento
el problema en la estructura educativa del empleo agregado para competir en
mercado laboral formal y seguro. Creciendo la reducción de la informalidad creció
en paralelo con el nivel educativo de los asalariados. Empezando a sectorizar la
informalidad por cada rama de actividad productiva.
La informalidad laboral es un
fenómeno multicausal, complejo y que exhibe una gran heterogeneidad interna.
Siendo determinante el entorno económico, propiciando incrementos de
productividad y rentabilidad de las empresas pequeñas generando condiciones
para que estas se formalicen y comiencen a tributar impuestos. Empezando con la
inspección laboral, asociada a la infracción de la normatividad, podrían estimular
la regularización de la relación laboral por parte de los empleadores. Donde la
fiscalización tiene que incorporar a la tecnología, con diseños más eficaces y
eficientes para realizar las tareas. Incrementando por último el número de inspectores.
En Brasil, por factores internos y
externos, económicos, se expandió la mano de obra en general, empezando a caer
el desempleo. Pero la proporción de los trabajadores no registrados es más alta
en los grupos de edades extremas, es decir, trabajadores de 16 a 24 años y
mayores de 45 años. Representando el 55.4% de los trabajadores informales en el
2012. Más del 50% no tienen primaria completa y tan solo el 5.4% tiene formación
superior o terciaria. También el 75% de los trabajadores informales está en las
zonas urbanas. Entonces la educación técnico-productiva cobra fuerza en la
educación básica regular, para poder dotar a un buen sector de la población,
que necesita a acceder a un mercado laboral formal.
Se debe destacar el cambio de
participación del Estado, tanto en su rol de supervisión y elaboración de leyes
que regulan el mercado de trabajo como en lo que respecta a la generación de
incentivos económicos que favorezcan la creación de empleos formales.
Planificando y estableciendo metas de inspección laboral: promoción de empleos
formales, inspecciones de las condiciones laborales, la fiscalización y los
operativos inopinados, como una estrategia integral de combatir la informalidad
en diferentes acciones coercitivas, promoción e involucramiento de población
vulnerable.
En cambio Chile, el país con una
mayor inserción al mercado, conforme se incrementa el nivel educativo de las
personas, con un sistema de pensiones tipo contributivo, de carácter
obligatorio para todos los asalariados con financiamiento basado en la
capitalización individual en la AFP. En el 2013 la seguridad social en Chile se
ubica casi 20 puntos porcentuales por encima del promedio Latinoamericano,
apreciando las mayores diferencias respecto a los niveles de formalidad según
la categoría ocupacional, como por ejemplo el servicio doméstico. Siendo los
trabajadores de las ramas de explotación de la minería, canteras, la
electricidad, el agua y servicios sanitarios poseen altos niveles de formalidad
(el 6.2% y el 7.9% no cotizan al sistema de pensiones, respectivamente), en las
ramas de agricultura, silvicultura, caza, pesca y comercio la prevalencia de la
informalidad es mayor al 40%.
Se hicieron principales
modificaciones en el 2008 tenían el propósito: el tránsito de los trabajadores
a la formalidad, específicamente a los jóvenes; aumentar la participación en el
sistema de pensiones, la información y la educación sobre sus beneficios;
promover la equidad de género y la competencia entre las AFP. Para los
trabajadores independientes se han enfocado en cotizar las pensiones, seguridad
laboral y salud. Para que los jóvenes obtengan su licencia de enseñanza media
(educación secundaria) antes de los 21 años; que pertenezcan a un grupo
familiar del 40% más pobre de la población.
En nuestra ciudad de Arequipa, con
sus virtudes, aciertos, olas migratorias, racismo, orgullo, reformas y
conservadurismo, también se imprime la informalidad, gestando la hipótesis
científica por parte del Alcalde provincial de Arequipa en una entrevista con
Enrique Zabala “la informalidad ha sido un factor decisivo para no controlar la
pandemia de la COVID-19”. Esa presunción cobra rigor, no solo por las
actividades productivas no reguladas y muy presentes en el Centro Histórico de
la ciudad, sino por el comportamiento cotidiano en cada uno y una de las
ciudadanas, no respeta la distancia social, no utiliza protector facial en el
transporte público y expone a las y los abuelos, asistiendo a reuniones de
festejo.
Es que ya teníamos problemas antes
de la pandemia. Como la inseguridad ciudadana, 7 de 10 mujeres han
sido víctimas de algún acoso sexual en el transporte público, las más
recurrentes tocamientos indebidos 65%, 20% piropos y acosos verbales, 11%
miradas incomodas, según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) en
el 2020.
Apelando
a la terquedad del sur, seguimos repensando la informalidad, el mejor uso del
espacio público y la incorporación de la movilidad urbana sostenible, en
charlas que se tuvieron con Don José Lombardi y Jean Pierre en el proyecto
“FUTURANDO AREQUIPA AL 2040” se consiguieron valiosos aportes, como: el derecho a la movilidad segura y
de calidad; los factores de la informalidad obedecen a una demanda
insatisfecha; la política social no agrupa negocios familiares en el
fortalecimiento de capacidades, se tiene que rechazar las políticas
asistenciales, eliminando capacidades productivas de la población, todo
programa social tiene que tener una segunda etapa, tomando como ejemplo los
comedores populares se tienen que generar en restaurantes populares, entre
otras propuestas. Valiosos aportes de Pepe Lombardi.
El enfoque que no debemos perder es “El
Derecho a la Ciudad”, considerando a la ciudad como el espacio donde
los ciudadanos y ciudadanas pueden ejercer libremente sus derechos, donde se
puede disfrutar de las ventajas de la vida urbana: libertad, cohesión social,
amparo de los derechos individuales, expresión pública, la construcción de
identidades colectivas, democracia participativa, respetando y tolerando a las
diversas culturas urbanas.
