lunes, 8 de julio de 2024

¿Democracia en el Perú?

 

¿Democracia en el Perú?

Lucas Z. Granda

Escuchar a todos y todas significa un esfuerzo enorme de quien coordina la reunión o está generando el consenso, cumplimiento un rol articulador e interlocutor entre las partes que están reunidas, y están participando en un espacio para poder resolver un problema o exigir alguna demanda al Estado. La democracia no solo se caracteriza por establecer un contrato social de convivencia pacifica y social entre pares, sino garantiza un modo de desarrollo que debe generar bienestar en los territorios, en la distribución de servicios públicos accesibles y de calidad, pero sobre todo garantizando los derechos humanos.

Como diría un amigo, del dicho al hecho hay mucho trecho, es cierto. El concepto de democracia se ha construido a partir de diferentes convulsiones sociales, golpes de estado militarizados y oligarquías monopólicas que ocuparon el gobierno. En el presente el concepto teórico tiene una línea histórica consecuente y coherente con los diferentes hechos sociales que se tuvo en Latinoamérica, pero la praxis de los principios democráticos ha cambiado de acuerdo a los fenómenos sociopolíticos en la región, siendo maleable en los diferentes países.

La democracia esta cambiando, como al inicio de los párrafos con la tipología participativa del concepto, el último escalón para poder establecer una cohesión social entre el Estado, mercado y la sociedad civil organizada es una democracia participativa. Pero cae de maduro explicar la democracia representativa que nos involucra a Latinoamérica y conjuntamente a las crisis de legitimidad en la región.

Comenzaremos diciendo que la democracia necesita vincular los derechos humanos a los diferentes procesos políticos. Para poder establecer la solidez de la evaluación, integridad y legitimidad de los regímenes democráticos, amparados en la justicia social. Poniendo el ejemplo de los Estados Unidos, con la declaratoria de independencia: "todos los hombres son creados iguales, que han sido dotados de ciertos derechos inalienables, que entre ellos se hallan la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”. Aquí se establece una vinculación reciproca entre los derechos humanos y la democracia, pero también hay que darnos cuenta en la estructura desencadenante que tiene cada país para que las reglas de juego obedezcan a intereses colectivos del pueblo y no a interés subalternos o particulares de elites de poder. Utilizando el mismo ejemplo, particularmente “la búsqueda de la felicidad” conlleva una carga ideológica del Estado que esta naciendo, porque el Estado no garantiza la plenitud del individuo como visión y fin social, sino establece las rutas progresistas para que el individuo encuentre lo que necesite y no obtenga las oportunidades que merece.

En el Perú se tiene una democracia representativa, hasta se podría decir que los procesos electorales son por delegados de partidos políticos que cada cinco años se presentan a los comicios electorales, después de una ausencia funeraria de la opinión pública. Esta es una gran falencia que tenemos dentro del sistema de electoral, representativo y democrático del país, porque no garantizamos la legitimidad de las nuevas autoridades que ocuparan un cargo público en los diferentes niveles de gobierno, donde no hubo debate, no se construyeron alianzas, ni mucho menos se tuvo una agenda multipartidaria.

Entonces no se debería de apuntar a dar la legitimidad al proceso electoral en curso o futuros, sino a los espacios de participación vinculantes a la política ciudadana y partidaria, allí esta el problema de legitimidad, porque la empatía representativa de la ciudadanía con el candidato nace de una agenda pública, consensos con cabildos abiertos sobre demandas sociales claras y con propuestas articuladas en varios sectores de la sociedad, con un trabajo programático por etapas, consiguiendo victorias a partir de diferentes campos de incidencia.

Partimos que se tiene el derecho de elegir y ser elegido en sufragio universal y con igualdad de oportunidades para el desempeño de funciones públicas. Así ha sido el proceso de elecciones generales 2021 a presidente, vicepresidentes, congresistas y parlamentarios andinos en el Perú, con principios democráticos en las normas de manera clara y transparente, todo ello resguardado por las instituciones del proceso electoral. Garantizando el principio de legalidad y el Estado de derecho.

Justamente el proceso electoral revelo que la democracia representativa peruana pende de un hilo, porque desde los grupos de poder minoritarios pero que controlan diferentes actividades económicas y de comunicación social en el Perú, no tienen la necesidad de tener una agenda inclusiva para las regiones sino son bajo sus términos, no están dispuestos a reconocer la diversidad de sujetos, pueblos, orígenes y contextos que reflejen la variedad y riqueza de etnias, lenguas, perspectivas y culturas que constituyen el Perú en provincias.

 


La batalla perdida de la descentralización.

 

La batalla perdida de la descentralización.

Lucas Z. Granda

Terminando de escuchar “Discuerdos” un programa del “Circulo de Estudios Voces” que trataba sobre la reproducción de las clases privilegiadas en el Perú según los colegios donde se estudió, sin importar la ideología, derechas y/o izquierdas, se forman para gobernar el mundo. Confluyendo con la declaración de la sociedad civil organizada de la Provincia de Caylloma de manifestar “PERSONA NO GRATA” al gobernador Rohel Sánchez por delegar el proyecto de irrigación Majes Siguas II al gobierno central. Se verifica que ambos hechos sociales relatados se integran para quienes es útil la centralización, y quienes renuncian a procesos reformistas históricos, como el proceso de descentralización. Explicando a continuación que el proceso de descentralización, no solo es delegar grandes proyectos de inversión pública al gobierno central, sino es perder autonomía regional, tanto en competencias y funcionabilidad de la burocracia.

El proceso de descentralización como una demanda del interior del país desde 1990, con miras de largo plazo, permanente, por etapas y vinculante. Por lo que se entiende una política de Estado que fortalece la unidad de la nación al democratizar el poder y potenciar los territorios, ámbitos regionales y locales, dinamizando los seis espacios territoriales que se configuran en el país: macro norte, amazónico, macro sur, macro centro, centro andino y el de Lima y el Callao (Secreataría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), 2016).

En el Perú este proceso inicia formalmente en el 2002 en el gobierno del presidente Alejandro Toledo, en el cual se estableció como una política de largo plazo y gradual. Así empezó en muchos países de Latinoamérica y del mundo. 

Empezando la discusión en que la participación de una red descentralizada es de mucha utilidad para mejorar procesos en la gestión pública, siempre y cuando no se convierta en un proceso difuso de agentes heterogéneos, con sus respectivas tácticas e instrumentos no exentos de contradicción entre sí (ministerios, agentes del gobierno regional, partidos políticos, empresas inmobiliarias, prensa local, grupos corporativos vinculados con el desarrollo inmobiliario, expertos locales, etc.) (Ganter & Matus Madrid, 2020).

El proceso de descentralización tiene que abarcar, lo que denomina Castells, la identidad, como funcionalidad de entender el entorno. Tiene su origen en la cultura y es reproducida, modificada y resignificada a través de ella (Silva e Sousa, 2011). Es un juego de ida y vuelta, dialectico capaz de dar sentido al mundo, de interpretarlo, y, a partir de tales interpretaciones, relacionarse con él.

El desplazamiento desde zonas rurales a la ciudad obliga a redefinirse socialmente en un nuevo contexto de interacción, tanto en los referentes culturales usados en la vida cotidiana como en los marcadores identitarios que son activados u ocultados en función del contexto de interacción impersonal de las relaciones, la sensación de inseguridad, el tráfico, las dificultades de acceso a la vivienda (Valcuende del Río, Vásquez Andrade, & Hurtado Landy, 2016). Se convierte como el primer alcance primogénito que tiene en sus manos el proceso de descentralización, el uso y distribución de la tierra. 

Entendiendo que hay una transformación de lo tradicional sobre todo en el migrante del campo a la ciudad, que progresivamente se va transformando en un traje de gala, por lo que se usa en los momentos de reafirmación identitaria (Valcuende del Río, Vásquez Andrade, & Hurtado Landy, 2016). Pasando por procesos de alienación y aculturación citadina, entonces la misma población sufre cambios en estos flujos poblacionales que pasan en el territorio.

La centralidad también se refiere a las funciones simbólicas, de gobierno, intercambio social, comercial y cultural que se desarrollan en el espacio (Delgadillo, 2012). En cierto sentido, la centralidad tiene que ver con el derecho a participar, dentro de un espacio polivalente, de la relevancia urbana (Pino Andrade, Mauricio Andrés, Aguirre Déleg, & Salazar Vintimilla, 2019). Justo es allí donde ya se van tocando ideas del derecho a la ciudad, donde se reclama la libertad de transformación del espacio urbano no solo como una acción sobre el espacio construido sino como una manifestación de la vida urbana y de la capacidad de organización social de sus habitantes (Hiernaux, 2013). De esta forma, existe una relación socio-espacial inmanente en donde es el sujeto (individual y colectivo) quien tiene la posibilidad de apropiarse del espacio y transformarlo material y subjetivamente. La producción del espacio urbano, entre materialidad y subjetividad (Pino Andrade, Mauricio Andrés, Aguirre Déleg, & Salazar Vintimilla, 2019).

Con el ánimo de ver procesos institucionalizados, citamos el país de Colombia, donde se fortalecen la fluidez de vías de conectividad y comunicación que permite la interacción entre sus gobiernos locales. Los municipios gozan de cierta autonomía, y es ahí de donde surgen los planes orientados a proteger sus bienes culturales (Nuñez Coronel, 2018). El gobierno respalda estas políticas y decisiones, permitiendo así que se realicen más planes de trabajo locales que, al mismo tiempo, estén dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Esta descentralización del poder dinamiza el proceso de mejora de los centros históricos. En gran medida, el éxito de las gestiones realizadas en los centros históricos colombianos responde a la vinculación del ordenamiento territorial y el patrimonio cultural por encima de sus conflictos internos, siendo procesos vinculantes, no solo declarativos como es en el Perú.

También hay voces disonantes con el proceso de descentralización, citando a la historia, como el investigador Canedo (2019, p. 178) donde define que la municipalización de poblaciones sucedía en las provincias rioplatenses –alrededor de la década de 1850– implicó la asunción o delegación de funciones y prerrogativas al ámbito local al mismo tiempo que generó nuevas o reformuladas jurisdicciones en diversas esferas (territorial, poblacional, fiscal, educativa y sanitaria (Kozul, 2022). Donde la idea de municipalización del territorio quitaba poder en la administración de recursos en los niveles subnacionales primarios. Hasta hubo movimientos políticos de izquierda que no vieron estas reformas como alternativa de redistribuir el poder, porque en el siglo XX se tenía una izquierda estatista y no valoró la dispersión del poder; más bien, receló de la descentralización como un instrumento oligárquico al servicio de latifundistas que, mediante el clientelismo, controlaron los municipios. No obstante, los parlamentarios de centro (radicales y demócratas cristianos), al igual que muchos izquierdistas, calcaron las prácticas liberales-conservadoras de “gestionar proyectos” para “sus comunidades”, sin una visión de descentralización y creación de fondos autónomos (Valenzuela, Penaglia, & Basaure, 2016).

Volviendo a las grandes discusiones del proceso de descentralización, qué se tenía que descentralizar, bajo qué condiciones y reglas políticas. Como consecuencia de lo anterior, en las regiones crece un malestar social que se traduce en protestas y estallidos sociales, fenómenos que se han gestado en territorios postergados por el poder central (crisis de expectativas entre lo nacional y lo regional).

La descentralización no solo es un proceso para mejorar la administración pública de manera desconcentrada en los departamentos, sino es un forma de redistribuir el poder y empoderar a las autoridades de los gobiernos subnacionales, pero eso no sé mira, ni se quiere mirar, porque el brillo del dinero y la mercantilización de los recursos naturales opaca el verdadero debate en la agenda pública.

 


La construcción de espacios públicos garantiza seguridad ciudadana.

 

La construcción de espacios públicos garantiza seguridad ciudadana.

Lucas Z. Granda

El espacio público tiene entre sus características el sentido de pertenencia, identidad y de confianza tanto personal como colectiva. La ciudadanía refleja que el espacio público le da alegría, cariño, orgullo, paz y tranquilidad. Pero hay un imaginario que el espacio público es peligroso, que a nadie le interesa y que ya no se usa.

Por un lado el espacio público es el espacio sometido a una regulación específica por parte de la administra pública, propietario o que posee la facultad de dominio del suelo, que garantiza su accesibilidad a todos y fija las condiciones de su utilización y de instalación de actividades. Teniendo como fin satisfacer las necesidades urbanas colectivas que transcienden los límites de los intereses individuales, en base a dominio público, uso social colectivo y diversidad de actividades. Convirtiéndose en un excelente termómetro para determinar los grados de integración social, los alcances de sentido de pertenencia, las capacidades de apropiación de los público y los niveles de democracia obtenidos en un barrio, una zona o una ciudad (RAMÍREZ KURI, 2015).

Los espacios públicos constituyen territorios sociales y culturales; por tanto, gestionar el espacio público se vuelve una prioridad en el esfuerzo por controlar la inseguridad. También hay una postura de ver el espacio público como enemigo y resguardarse en un espacio doméstico, dando como consecuencias el hacinamiento y convivencia forzada. Encontrando una contradicción entre el espacio público y privado, donde el primero es inseguro y hostil, y el segundo seguro y acogedor. Dependerá del rol fundamental que jugará el estado, para democratizar los espacios públicos, donde la ciudadanía se apropie de estos. “Ya que el espacio público es un elemento articulador de la ciudad y como estructurador para la movilidad urbano sostenible” (SEGOVIA & JORDÁN, 2005) .

Conceptualizando el espacio público es un territorio visible, accesible y con marcado carácter de centralidad, es decir, reconocido y reconocible, que en primer lugar se asignan un uso irrestricto y cotidiano al ciudadano. Es un espacio de construcción social donde los sujetos manifiestan sus prácticas, significados, lenguajes, etc.

Llegando a la terminología teórica que: “El espacio es un hecho social en el sentido que es un hecho histórico, en la medida en que lo reconocemos como un elemento de un conjunto y realiza así una doble función que le asegura, efectivamente, la condición de hecho histórico: de un lado, se define el conjunto; es a la vez productor y producto determinado; un revelador que permite ser descifrado por los mismos que revela; y al mismo tiempo, cuando adquiere un significado auténtico, atribuye un sentido a otras cosas. El espacio es un hecho social, un factor social y una instancia social” (Santos, 1990; 146).

Entonces la pérdida del espacio público significa la privatización de la vida cotidiana y social, que se tiene que construir y preservar el tejido social en la ciudad. Donde también se reflejan inequidades como la distribución entre hombres y mujeres. En la mayoría de los casos, los varones hacen uso más intenso del espacio público. Las mujeres perciben los espacios como menos seguros que los varones, tanto en el tiempo y en los usos. Es así donde se innovan programas de Parques Urbanos: profundizar el avance de las metodologías participativas, que incorporen a la comunidad en el diseño y en la gestión de los parques y fortalecer la vinculación con los proyectos, garantizando que la sociedad civil organizada se inmiscuya en la defensa de lo público (MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA, 2019).

El ideal del espacio público en su diseño, uso y gestión participativa tienen una mayor diversidad: los espacios de mayor calidad acogen usuarios de diferentes sexos y edades, personas solas, en pareja o en grupos; que intercalan y desarrollan actividades diversas, dinámicas y pasivas: juegos y deportes, conversación, paseo y descanso. Promover un uso más intensivo, más diverso y más heterogéneo de los espacios públicos supone fortalecer el desarrollo de actividades de animación (artística, cultural y social).



El derecho a la ciudad combate la inseguridad.

 

El derecho a la ciudad combate la inseguridad.

Lucas Z. Granda.

Se debe estructurar estrategias de intervención en los espacios públicos en la provincia de Arequipa, para la recuperación de la seguridad pública y garantizar la protección de la ciudadanía fuera de su casa, considerando a la ciudad como el espacio donde los ciudadanos y ciudadanas pueden ejercer libremente sus derechos, para cual se debe coordinar interinstitucionalmente previniendo la inseguridad ciudadana en determinados sectores de la ciudad, para combatir el delito, y donde el desorden reine, le corresponda recuperarlo.

Citando a Borges, el menciona: “ La ciudad actual, es tridimensional: su faceta compacta recuerda la ciudad histórica, lo local, la ciudad del imaginario y del autogobierno; su faceta metropolitana recuerda en la periferia la herencia de la sociedad industrial, donde la ciudad pierde a veces su nombre y cuya deuda histórica se paga hoy con infraestructura, transporte y espacio público; la última, su faceta regional, indica el propósito de una ciudad de ciudades, articulada  por los medios de transporte y comunicación. En este contexto, las ciudades, y más específicamente las políticas urbanas, tienen actualmente otros restos: el de contrarrestar la exclusión social, impedir la hiperespecializaciòn territorial y evitar las desigualdades entre los lugares y las personas que la habitan”.

La ciudad tiene que reivindicarse políticamente y culturalmente, de modo que pueda responder eficientemente a las necesidades de expansión implique. Esta debe ser entendida como una institución en donde no sólo tiene lugar el goce efectivo de los derechos, revelando una responsabilidad compartida entre gobernantes y gobernados.

Para ello es necesario, además, contar con políticas públicas coherentes que trasciendan las esferas de lo público en todos los niveles, que impliquen cambios estructurales en la forma de gestionar el desarrollo urbano y local. Teniendo en cuenta el papel que deben jugar las ciudades en la garantía a todos sus habitantes, el goce colectivo de la riqueza, la cultura, los bienes y el conocimiento. Este es el reto principal, para que la ciudad deje de ser una noción política, se debe de adquirir una forma jurídica que integre en su interior obligaciones justiciables y exigibles.

Después el derecho a la ciudad es parte de la consolidación de la modernidad con la expansión de las nociones de progreso y de ciudadanía universal (Devalle, 2004). Esa formulación implica el reconocimiento de la existencia de un derecho al asentamiento. Esto es, insertarse dentro del conjunto de soportes materiales que permiten la vida social aglomerada en referencia a la reproducción de la población en las condiciones adecuadas de tiempo y lugar.

Entonces en la ciudad converge en distintos tipos de derecho: derecho a disponer y disfrutar de estos espacios; el derecho al tránsito y movilidad de los transeúntes, residentes, turistas, entre otros; el derecho al trabajo de la población de escasos recursos que utilizan dichos espacios para el comercio informal. Enfatizando la recuperación de espacios públicos antiguos, dándole su mantenimiento y aprovechamiento económico, social y cultural. Construyendo el ideal de la vida social colectiva e identidad, mejorando la calidad de vida, alejando la desconfianza y la inseguridad de la convivencia cotidiana.

Por eso el derecho a la ciudad, como un derecho humano emergente: ¿puede ser reconocido como un derecho fundamental dentro del sistema jurídico, con el objetivo de promover el fortalecimiento del Estado de derecho constitucional, democrático y de justicia social, inserta en un sistema político liberal e igualitario? Ante este cuestionamiento, entrar en estado de emergencia que piden los alcaldes de Arequipa es irracional, pragmático y no ataca el problema de fondo.

Seguiremos investigando y retratando la problemática de inseguridad ciudadana, con un enfoque territorial, con un enfoque de derecho a la ciudad de toda la ciudadanía.


Camaná- Ocoña y la irrigación de Pampa Colorada.

 

Camaná- Ocoña y la irrigación de Pampa Colorada.

Lucas Z. Granda

Mi tierra siempre me nutre de nostalgia, es una eterna melancolía no estar cerca de sus playas, tierras agrícolas y gente tan cálida en su trato, pero a cada llegada no encuentras cambios significativos en el desarrollo de la ciudad, no encuentras rutas de desarrollo estratégicas que se impulsen desde las municipalidades, obras de infraestructura que no solo se reduzcan a veredas y asfaltado en el cercado de la villa hermosa, autoridades que solo están para las primeras piedras y sonrisas falsas, un pensamiento a corto plazo de cuatro años en personajes políticos que ya piensan en donde irse a mudar, no hay una reconversión de las matriz agropecuaria, solo estamos como una provincia subsidiaria de servicios, sin inyectar ciencia y tecnología a nuestros procesos lógicos productivos de nuestros recursos naturales, menos con un enfoque de sostenibilidad. Considerando que muchos coterráneos podemos sumergirnos en la construcción de alternativas para la prosperidad de la Provincia de Camaná.

Por lo cual se propone una agenda pública con temáticas de desarrollo provincial, con un enfoque territorial e interdistrital para desempolvar proyectos de impacto hacia la ciudadanía, gestando rutas dentro del ámbito público para poder designar presupuesto y construir un valor público.

Comenzando con el “Proyecto de Irrigación Pampa Colorada” situado en el Distrito de Ocoña. Comienza su construcción en 1980, abarcando 10 223.36 Ha de tierras eriazas donde no existe agricultura, proyectando irrigar 5 302.5 Ha., teniendo como fuente de abastecimiento hídrico el Río Ocoña. Posibilitando la incorporación de mano de obra calificada y no calificada local, garantizando una asistencia técnica y crediticia, la cual debería marcar un hito de desarrollo para calendarizar la producción agrícola en base a nichos de mercados regionales y nacionales.

El proyecto también abarca las minicentrales hidroeléctricas de 2100 Kw para tener la posibilidad de ampliar 1900 Ha adicionales, donde el sistema de distribución de riego tendrá tres canales principales (A, B y C.). Teniendo como las células de cultivo 28% arroz, panllevar 68% y 4% frutales en 1980 como inicio, por lo cual se debe contextualizar los precios de mercado, las variables sociodemográficas y la interconexión de servicios públicos contemporáneamente. Pensando ya en la agricultura de precisión, con el regreso de sistemas hidráulicos en andenerías, sistema de compuertas computarizado, con abonos orgánicos y registros sanitarios por SENASA para impulsar la agroexportación. Ocoña y Camaná deben adaptarse a las nuevas tecnologías, sin perder el cuidado ecosistémico.

El Proyecto de Pampa Colorada se encuentra dormido más de 40 años sin ejecutarse, teniendo como objetivo principal ampliar la frontera agrícola, pero garantizando la mayor rentabilidad posible con un enfoque de sostenibilidad, teniendo una proyección de conformar una ciudad rural con asentamiento rural a 462 familias agrícolas, donde los terrenos tienen que ser lotizados y vendidos bajo subasta pública, 525 empleos eventuales, con 408 404 jornales/año en un periodo de 7 años y 3345 empleos permanentes con 778 447 jornales/año. Con un costo total de 57 millones de soles en 1980, según el expediente técnico de la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

En el Distrito de Ocoña, donde está ubicado el proyecto de Pampa Colorada, cuando se elabora el expediente técnico tenía una superficie de 1520 km2, representando el 34.7% de la superficie de la Provincia de Camaná. Donde en 1981 se tiene una densidad demográfica de 2.44 habitantes por Km2, inferior a la provincial con 6.84 y Arequipa con 11.1. Pudiendo ganar tierras agrícolas solo con la apertura de canales de irrigación. El 28.8% de la población era urbana y el 71.5% de la población era rural. En pleno 2024 el conjunto entre lo urbano y lo rural se ha invertido, siendo parte de las mega tendencias del despoblamiento del campo y la migración constante a la ciudad por las zonas dispersas rurales.

En el Distrito de Ocoña al no conformarse Sociedades Agrícolas de Interés Social (SAIS), comunidades campesinas ni grupos campesinas, la conducción jurídica de los productores recae en la persona natural. Donde en 1980 el 41.4% de las tierras les pertenecía a sus propietarios, el 32% a feudatarios, 13.2% arrendatarios y el resto en otras modalidades. Donde la propiedad de la tierra era individual, necesaria la asociatividad para mejorar la producción, abaratar la compra de los insumos y mejorar el cronograma de cultivos.

Hace 40 años en el Distrito de Ocoña la producción de las unidades agropecuarias era de economía campesina de subsistencia, hoy puede convertirse en una irrigación con miras a la agroexportación de productos como arándanos, paltas y pitajayas; porque hoy no se necesita autoridades, se necesita estadistas con una mirada geopolítica inductiva, desde el primer nivel de articulación local que puede ser un caserío hasta la conjugación de ciudades intermedias.










Necesitamos un reinicio en el Perú.

 

Necesitamos un reinicio en el Perú.

Lucas Z. Granda.

Corremos tras los tanques de agua con nuestros baldes hasta las primeras horas de la madrugada, distribuimos nuestros baldes en la preparación de los alimentos y para la limpieza del baño, no hay aseo ni lavado de ropa. La incomodidad de poder trabajar es intensa debido a los olores desagradables que se siente en los ambientes al no tener agua con la cual se logre limpiar. Este corte no fue programado, las lluvias ocasionaron la activación de las quebradas “Mata Gente” y “Teleférico”, buenos nombres para la radiografía sintomática que tenemos como territorio, pero considerando que todos los años llueve, y la mayor intensidad de las lluvias son en febrero, y siempre se desborda una torrentera, siempre hay damnificados, siempre hay cortes no programados, siempre se les olvida o no quieren hacer nada más las funciones mecánicas que les pertenece a las instituciones estatales y privadas que conocen la problemática. Por eso no es un problema de activación o desactivación de quebradas, esa es la narrativa que justifica la inoperancia de un Estado que hace agua por todo lado, y ya no soporta mas desastres. Ya no soporta la inercia de todas y todos.

La situación anterior pasa en la ciudad de Arequipa, en otras partes del país se registran olas de calor mayor a los 33°C, las intoxicaciones en piscinas por la baja salubridad por parte de la administración, huaycos permanentes que penetran los asentamientos humanos rurales (en mayor medida) y urbanos, la inseguridad ciudadana deja sangre, dolor y balas en todos los departamentos del Perú. Solo para contabilizar las urgencias tangenciales que sufrimos como ciudadanía. Agregaría la crisis de confianza e institucional profunda, la cual no nos garantiza ninguna protección estatal, donde prevalezca el individuo como sobreviviente y no como parte de una comunidad ciudadana que se integra y no sé cohesiona con las autoridades.

¿Acaso hay capacidad de respuesta por Dina Boluarte?, acaso alguien cuerdo o loco se atrevería solo pensar en el susurro que Dina Boluarte tenga las estrategias para paliar, ojo, para paliar una problemática mencionada. No conciudadanos y conciudadanas, estamos solos. Otarola ni Baliarte vendrán a mejorar las cosas, siendo dignos representantes que este modelo organizativo entre ejecutivo, legislativo, judicial y niveles subnacionales a concluido una etapa de nuestra vida republicana como país. No podemos seguir viviendo de pan y circo de los medios de comunicación, no podemos no darnos cuenta como vivimos, como nos destrozan multidimensionalmente desde la problemática del transporte hasta los condicionamientos de la liberta de expresión. No podemos seguir caminando sin esperanza y cabizbajos, con el consuelo que todo cambiara algún día.

No tomemos la coyuntura de la escasez del servicio de agua para no ver los problemas de fondo. Julio Velarde el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) manifestaba semanas atrás que la reforma política y cambios constitucionales se tienen que dar para dejar de reproducir todas las prácticas corruptas y antidemocráticas que se nos ha hecho costumbre, “roba, pero hace obras”, “trabaja con su 10%”; se esta articulando un consenso en el reinicio de la República del Perú. Volver a comenzar con una nueva carta magna, donde ya no tengamos más dinastías Fujimoris que mermen el desarrollo de los departamentos y no prioricen agendas elitistas.

¿Seguiremos recordando cada febrero de cada año con cortes de agua no programados, corriendo con nuestros baldes? ¿seguiremos con la inercia ciudadana en relación a los grandes debates de la agenda pública? ¿seguiremos diciendo “mientras no me afecte a mí, no me importa?




El oportunismo desde lo público.

 

El oportunismo desde lo público.

Lucas Z. Granda

 

               El esfuerzo que puedes dar en un proyecto educativo, para forjar nuevos paradigmas o reforzar corrientes teóricas que no necesariamente tiene un beneficio individual sino colectivo, aquello que vive en las comunidades campesinas, el aymi y la minka, explicado desde la reciprocidad entre la población y la solidaridad para afrontar crisis de todo tipo. Es aquel esfuerzo que involucras en un proyecto donde no hay tintes políticos, no hay aprovechamiento, no hay objetivos subalternos y no debería haber oportunismo.

               Como hoy, al acabar una reunión de funcionarios públicos, donde se pedían explicaciones por no haber alcanzado las metas propuestas del año pasado, ¿no recuerdo si eran explicaciones o solo querían conocer como estaban las diferentes áreas?, bueno, la improvisación y la poca preparación son buenos aliados para un fracaso seguro. Justamente aquella reunión con figuras ausentes, conflictos internos por el poder, niñerías en la investidura del puesto, trabajadores seguros de la confianza que le tienen en el cargo, solo son hechos que se suman a la ecuación de la incertidumbre. Presentándose el oportunismo en aquellas personas que viven y vivirán del trabajo de otros.

               Se hace más pesada la carga en los hombros de las personas que hacen su chamba, teniendo como obligación que poner a flote el barco, no por intereses económicos, de hecho no son los mejores incentivos en los gobiernos locales, sino dar la lucha, porque tienes responsabilidades que asumiste desde el principio, para mejorar los servicios públicos, reducir brechas, cumplimiento de metas o compromisos con las autoridades políticas. Pero hay una frase con la cual se culminó la reunión, ya cuando en los pasadizos había muchos murmullos, que puede perder la utopía de la sinergia organizacional por mejorar los valores de la institución, haciendo reflexionar al trabajador, pensando y dudando mucho, tomando en consideración la redacción de una carta de renuncia: “Lo que algunos tienen de ingenuos, otros lo tienen de pendejo”.

               En la interpretación de la frase, no hace alusión a la criolla peruana de infringir las normas o aprovechar el poder para influir en algunos beneficios individuales, sino converge en la idea que hay trabajadores que trabajan a toda máquina sin descanso y hay aquellos que venden las mercancías a terceros, sin consultar, y teniendo un beneficio propio. Es el oportunismo, el beneficio propio sobre el trabajo de otros.

               El oportunismo que se asoma y se apropia del trabajo de los demás, negando la participación de los demás, solo dejando participar a aquellas personas que saben que lo harán mal, prácticas de reírse cuando se interviene, son motivaciones de inseguridad, mantener una confabulación con un agente de poder o que goza de cierta popularidad en un espacio de desarrollo profesional no es garante de los conocimiento e ideas que puedes aportar, si puede darte un plato de comida a futuro, pero no te da el derecho de apropiarte de un espacio construido con fines académicos, profesionales, colectivos, mucho menos si se tiene una idea política a futuro.

               Así se camuflan las y los que buscan hacerse un nombre, cuando en la universidad no pudieron destacar por sus investigaciones, intervenciones, militancia política y mucho menos por la rigurosidad por el conocimiento. Ahora lo quieren hacer a costa de otros. Oportunismo.