El derecho a la ciudad combate la inseguridad.

 

El derecho a la ciudad combate la inseguridad.

Lucas Z. Granda.

Se debe estructurar estrategias de intervención en los espacios públicos en la provincia de Arequipa, para la recuperación de la seguridad pública y garantizar la protección de la ciudadanía fuera de su casa, considerando a la ciudad como el espacio donde los ciudadanos y ciudadanas pueden ejercer libremente sus derechos, para cual se debe coordinar interinstitucionalmente previniendo la inseguridad ciudadana en determinados sectores de la ciudad, para combatir el delito, y donde el desorden reine, le corresponda recuperarlo.

Citando a Borges, el menciona: “ La ciudad actual, es tridimensional: su faceta compacta recuerda la ciudad histórica, lo local, la ciudad del imaginario y del autogobierno; su faceta metropolitana recuerda en la periferia la herencia de la sociedad industrial, donde la ciudad pierde a veces su nombre y cuya deuda histórica se paga hoy con infraestructura, transporte y espacio público; la última, su faceta regional, indica el propósito de una ciudad de ciudades, articulada  por los medios de transporte y comunicación. En este contexto, las ciudades, y más específicamente las políticas urbanas, tienen actualmente otros restos: el de contrarrestar la exclusión social, impedir la hiperespecializaciòn territorial y evitar las desigualdades entre los lugares y las personas que la habitan”.

La ciudad tiene que reivindicarse políticamente y culturalmente, de modo que pueda responder eficientemente a las necesidades de expansión implique. Esta debe ser entendida como una institución en donde no sólo tiene lugar el goce efectivo de los derechos, revelando una responsabilidad compartida entre gobernantes y gobernados.

Para ello es necesario, además, contar con políticas públicas coherentes que trasciendan las esferas de lo público en todos los niveles, que impliquen cambios estructurales en la forma de gestionar el desarrollo urbano y local. Teniendo en cuenta el papel que deben jugar las ciudades en la garantía a todos sus habitantes, el goce colectivo de la riqueza, la cultura, los bienes y el conocimiento. Este es el reto principal, para que la ciudad deje de ser una noción política, se debe de adquirir una forma jurídica que integre en su interior obligaciones justiciables y exigibles.

Después el derecho a la ciudad es parte de la consolidación de la modernidad con la expansión de las nociones de progreso y de ciudadanía universal (Devalle, 2004). Esa formulación implica el reconocimiento de la existencia de un derecho al asentamiento. Esto es, insertarse dentro del conjunto de soportes materiales que permiten la vida social aglomerada en referencia a la reproducción de la población en las condiciones adecuadas de tiempo y lugar.

Entonces en la ciudad converge en distintos tipos de derecho: derecho a disponer y disfrutar de estos espacios; el derecho al tránsito y movilidad de los transeúntes, residentes, turistas, entre otros; el derecho al trabajo de la población de escasos recursos que utilizan dichos espacios para el comercio informal. Enfatizando la recuperación de espacios públicos antiguos, dándole su mantenimiento y aprovechamiento económico, social y cultural. Construyendo el ideal de la vida social colectiva e identidad, mejorando la calidad de vida, alejando la desconfianza y la inseguridad de la convivencia cotidiana.

Por eso el derecho a la ciudad, como un derecho humano emergente: ¿puede ser reconocido como un derecho fundamental dentro del sistema jurídico, con el objetivo de promover el fortalecimiento del Estado de derecho constitucional, democrático y de justicia social, inserta en un sistema político liberal e igualitario? Ante este cuestionamiento, entrar en estado de emergencia que piden los alcaldes de Arequipa es irracional, pragmático y no ataca el problema de fondo.

Seguiremos investigando y retratando la problemática de inseguridad ciudadana, con un enfoque territorial, con un enfoque de derecho a la ciudad de toda la ciudadanía.