Prefiero tus Críticas que tus Cuetes
¿Qué
hubiera pasado si en las elecciones generales de mayo del 2016, justo en la
segunda vuelta ganaba Keiko Fujimori para ocupar la presidencia de la República
del Perú? Nos hemos detenido a ver en retrospectiva como se hubiera convertido
el escenario político, económico y social del Perú. Tal vez si Verónica Mendoza
no salía en un post manifestando su apoyo al candidato Pedro Pablo Kuczynski,
tampoco se hubiera logrado evitar que la señora K llegue a ocupar el cargo con mayor
poder político en el país. Entonces son un conjunto de hechos que no se
hubieran vivido con la misma intensidad hasta la pandemia actual que estamos
atravesando. Y es este enfoque de mirar atrás para analizar el presente que
vamos a plasmar aquí, siendo necesario involucrar una mirada crítica
constructiva (apelando a la mirada que nos deja de bueno el COVID-19),
reconociendo las acciones eficientes y rechazando las medidas populista de bajo
impacto en la problemática real. Poniendo la atingencia que no se realizara una
línea de tiempo desde el inicio del gobierno hasta hoy, sino dividir el
análisis en tres coyunturas que se interrelacionan: la gobernanza política, la
corrupción y la situación del sistema penitenciario.
Empezaremos
por lo último. El sistema penitenciario tiene problemas estructurales, ahora
que la población y la opinión pública lo perciba de manera presente a
consecuencia de la cobertura de los medios de comunicación estas dos últimas
semanas, porque la realidad de este sector muchas veces invisible para el
Estado tiene problemas como: la sobrepoblación penitenciaria en las cárceles
del país, alta tasa de reincidentes, hacinamiento carcelario, sobre-criminalización,
bajos sueldos del personal del INPE, el bloqueo de los sistemas de celulares,
la pena privativa de la libertad temporal y perpetua, entre otros.
De
manera particular entra aquí el tema de la corrupción en el país, han sido
menos de 50 indultos humanitarias a mujeres con hijos y embarazas que el
gobierno ha dado para alivianar la carga de hacinamiento en los penales, medida
con poco impacto, más aun para las 30 mil personas que tienen prisión
preventiva y siguen esperando para que traten su caso jurídico. Claro, pero hay
privilegiadas que las atienden primero, como Susana Villarán y Keiko Fujimori.
¿Se hubiera apresado a la presidenta Keiko Fujimori? ¿Se hubieran revelado los millonarios
aportes de campaña del 2011 y 2016 por las empresas privadas? ¿Se hubiera
logrado cerrar el congreso obstruccionista de 73 “congresistas”, hablando en
hipotético, abarcando al ejecutivo y legislativo (porque el poder judicial con
el Consejo Nacional de la Magistratura ya estaba ganado)? Dándonos cuenta, se
ha derribado al imperio totalizador mejor montado después del decenio de
Alberto Fujimori, prácticamente el regreso al poder de la dinastía Fujimori,
pero este triunfo aun inconcluso, no le pertenece a un gobierno o a un sistema
de justicia reformado, sino a las sociedad civil organizada y a personas que
teniendo el poder lo utilizaron para hacer lo correcto, a pesar del costo
político y económico.
Ahora
con la pandemia del COVID-19, están sucediendo motines en todas las cárceles
del país, obligados por el temor de contraer el virus, ante ello el presidente
Vizcarra respondió: “este gobierno no va a dejar en libertad a
asesinos, violadores y corruptos”, una declaración que muchos estamos de
acuerdo, pero hay que considerar que este es el último sector en poder tener
instrumentos para fortalecer e implementar los protocolos de prevención e higiene
en los penales, tampoco se dispone pruebas rápidas (serológicas) ni las
moleculares que permita separar a las personas que portan el virus de las que
están sanas, sin mascarillas y con el personal del INPE renunciando no se
avizora mejora.
Sabiendo
que el objetico de las cárceles es el tratamiento de los internos en poder
resocializar, rehabilitar y readaptarlos a la sociedad, estas son espacios
donde prima la violencia, la promiscuidad entre internos, la inmoralidad en los
administradores penitenciarios, siendo problemas enraizados y normalizados por
todo el aparato gubernamental y el pueblo mismo. ¿Entonces dejamos que se
infecte la población penitenciaria, dejándolas y dejándolos a su suerte? Bueno,
ese ha sido el debate en las redes sociales, ¿deberían salir de las cárceles
los reclusos? ¿Qué nos garantiza que no robaran o harán fechorías en esta
crisis sanitaria? ¿Dónde quedaron los derechos humanos de las personas violadas,
asesinadas y perjudicadas por los delitos cometidos, por estas personas que
están pidiendo auxilio hoy en los penales?
Infinidad
de dudas, interrogantes y respuestas que la ciudadanía ha manifestado exigiendo
que no liberen a nadie sin importar su condición, es legítimo, aquellos
ciudadanos y ciudadanas deben ser escuchados porque tiene derecho a opinar y
disponen de su libertad. Sentando una posición, y apelando al proceso de
socialización que hemos tenido a través de la historia, hemos incluido a los
derechos humanos como reguladores de la convivencia en democracia, aceptando
este modelo con sus particularidades: justicias e injusticias, regulados por
una constitución, permitiendo elecciones democráticas y no modelos
autoritarias, pero sobre todo apreciando la vida y la dignidad humana como fin
último, no podemos hablar por las personas que murieron a causa de un acto
delictivo ni tampoco manejar argumento de defensa para las personas que
cometieron estos hechos, pero el desarrollo de nuestra civilización nos inclina
a tener compasión, respeto por la vida, el cumplimiento de penas y dotar de las
condiciones necesarias para mejorar la calidad de vida carcelaria. Opiniones
como: ¡Que se mueran a quien le afecta! ¡Están allí por algo, no tienen valor!
¡la muerte será como un descanso para ellos!, miles de personas que no sabemos
cada caso de las y los reclusos, pero adelantamos opinión, claro, es un país
libre, pero no somos la sociedad que hemos construido.
Concluyendo
con el tema de la gobernabilidad del país. Vizcarra está orientando su gobierno
como el que afronta las épocas de crisis, teniendo asidero político y respaldo
general en la ciudadanía, cualquier problema social que surge lo redirección a
la sociedad sin que se perjudique su gobierno, claro siempre hay patinadas poco
perceptibles. El mayor realce que se ha tenido desde el 16 de marzo hasta hoy,
en pleno aislamiento social obligatorio, es opacar la capacidad de respuesta de los gobernadores
y alcaldes a nivel nacional, patinando estos con las restricciones tomadas en
la adecuación de mercados itinerantes, restringir el ingreso a las plataformas
de abastecimiento, y prohibir el transporte público, entendiendo tarde, que las
restricciones no educan, menos en los espacios públicos a la ciudadanía, siendo
estas medidas de los gobiernos locales y regionales que generará mayor
aglomeración, hasta podríamos aseverar que los cargos públicos-políticos que
ocupan alcaldes y gobernadores hoy no están asegurados por un proceso de
revocatoria.
¿Cuál
es el mensaje que se analiza? Vizcarra da un encargo implícito, que está siendo
interiorizado por la ciudadanía, no hay liderazgo posible ahora en el Perú que
el suyo, peligro mensaje si se cree férreamente, porque hemos tenido momentos
populistas del presidente Vizcarra, lo cual nos dice que sabe manejar
percepciones del pueblo. Y aun con su postura de no postular en el 2021, es una
respuesta política, asechando las
elecciones generales rumbo al bicentenario el próximo año.





