Inseguridad en Latinoamérica.

 

Inseguridad en Latinoamérica.

Lucas Z. Granda.

La pandemia ocasionada por la Covid-19 afecto terriblemente a los mas pobres y desiguales sistemas de salud, como estructura socioeconómica de países latinoamericanos en relación a Europa y Estados Unidos. La crisis económica contemporánea que restringe derechos laborales y tributarios a la clase trabajadora y a las pequeñas empresas por las recesiones técnicas y reales que se ocasionan en Latinoamérica involucra que los índices de pobreza multidimensional crezcan. La ebullición climática ocasionada por la contaminación ambiental, desde la pequeña acción de un barrio de cómo no recicla sus residuos sólidos, hasta desproteger la amazonia para depredar la fauna y la flora utilizando el legislativo, todo a merced de los capitales madereros, minería ilegal, trata de personas y posicionando zonas liberadas del control estatal. Abarcando condiciones estructurales que condicionan la inseguridad ciudadana que se traslada a las ciudades.

Encontrando otra explicación de la inseguridad ciudadana latinoamericana estructural, tenemos la poca confianza a los sistemas democráticos, por ejemplo, los países de Venezuela y Nicaragua, son considerados sistema de gobierno autoritarios, con recortes de libertades y desapariciones, lo cual involucra un ejercicio de violencia antojadiza desde quien maneje o el grupo económico que controle al Estado bajo intereses particulares. Siendo Canadá y Australia los países que tienen una democracia plena según el índice de democracia global 2021.

Hay razones históricas en nuestra región latinoamericana que involucra el problema de inseguridad ciudadana. Pensando que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Colombia, el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional en México, Sendero Luminoso en Perú, entre otros, cimenta pilares estructurales de olas de violencia desde el siglo XX. Dando como resultado según la organización Proseguir Research en el 2022 que, de las veinte ciudades más violentas a nivel mundial, catorce se ubican en América Latina.

La inseguridad ciudadana no puede entenderse solo con un victimario y una víctima, por más frío que suene, solo entender los asesinatos, robos y cobro de cupos, para poner algunos ejemplos, bajo una lógica de causa y efecto, es tener un enfoque reduccionista del fenómeno social que mantiene en zozobra ciudades como Lima, Bogotá, Santiago, Juárez, Sao Paulo y ahora Quito en un estado de sitio por las fuerzas armadas luchando contra el crimen organizado, que tienen una lógica de defender las economías subterráneas.

La organización de las bandas criminales ha llegado a controlar espacios públicos, sembrar miedo en la ciudadanía para que no denuncien, inutilizando canales de acción ciudadana que puedan ser una medida de lucha contra la ola de inseguridad ciudadana y sometiendo al sistema de justicia a sus mas viles intereses. Entonces NO hay procesos unidireccionales que muestran que la violencia y la crudeza de los actos de asesinatos y organizaciones criminales viviendo en las ciudades, que se enquistan en la cotidianidad de la sociedad y en sus instituciones, se conjugan con factores de discriminación, pobreza, bajos niveles educativos, una población que no encuentra empleo, migrantes que son desplazados de la matriz productiva convencional del país que los acoge.

Como garantizar la convivencia segura en países de la región que se desangran en los espacios públicos dentro de nuestras ciudades, si se recortan libertades por solo opinar diferente, donde el mismo Estado legitima el atropello de los derechos humanos con la inacción, desinterés y poco provecho que se cree tener sobre la actualidad informativa de nuestros entornos políticos, económicos y sociales por parte de la misma ciudadanía que no se compromete en la vigilancia y el control concurrente de sus propias autoridades.

Pasar de carteristas, extorsionadores y estafadores a crimen organizado, las maras y la permanente acción de los grupos guerrilleros que empiezan a crear zonas liberadas del control estatal, es cuestión de tiempo que migren a las ciudades, participen en política para legalizar y encubrir los sistemas de corrupción. Es posible también, que ya se nos hayan adelantado y estén dirigiendo y tomando decisiones sobre lo público.