Derechos humanos extraviados en el Perú

 

Derechos humanos extraviados en el Perú

Lucas Z. Granda

Se debe partir que no hay un reconocimiento a los derechos sociales, económicos y culturales de parte de los Estados-Nación, dejando una desprotección a la ciudadanía como individuo y a la sociedad civil como colectivo. Por eso quiero dejar sentado en estas palabras que la configuración de la nación en un territorio es un trabajo complejo, más aún si hay muchas culturas aplicando la interdisciplina en sus formas de vivir y pensar, siendo como único canal para ponerse de acuerdo la legitimación de un poder supremo que es el Estado, imponiendo el imperio de la ley.

Teniendo el Estado un significado de legitimar la violencia para la distribución de los servicios públicos e intermediación para la regulación del mercado, no en el control de precios, sino para impartir justicia transversalmente. Teniendo al hombre y la mujer como el centro de referencia de la vida social.

Se cree que hay al menos dos tipos de aportes provenientes de los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos que hay que tomar en consideración. Refiriéndose al Sistema Interamericano de Derechos Humanos como al Sistema Universal.

Partiendo de esa premisa se debe considerar el concepto de “garantías sociales”, eran puramente programáticas, es decir, que eran normas dirigidas a habilitar la actuación de los legisladores y de la administración, pero que no facultaban a los titulares de esos derechos a formular un reclamo ante la justicia en caso de incumplimiento.

Dicho de otro modo, una precondición importante para desencadenar la maquinaria del reclamo judicial es saber sobre la base de qué estándares estoy demandando en la violación de un derecho, cuál es la conducta que debía haber asumido la autoridad pública en el caso y cuál es la reparación que se pretende.

Para lo cual el derecho que se reconoce internacionalmente, pero que no tiene un mecanismo de protección, es un derecho imperfecto, ya que no existe ningún proceso que garantice y reivindique su cumplimiento. La Organización de los Estado Americanos-secretaria ejecutiva para el Desarrollo Integral establece un trabajo cohesionado para analizar y sistematizar los “Indicadores de Proceso para la Medición de Derechos Contemplados en el Protocolo de San Salvador. OEA.2011”, con el motivo de verificar la protección del Estado en un territorio sobre los derechos sociales, económicos y culturales.

Los indicadores para los derechos humanos apuntan a verificar el nivel de cumplimiento y efectividad de tales derechos y no se restringen solamente a recaudar información sobre la situación económica y social de un Estado. Estando los tipos de indicadores: estructurales, proceso y resultado. Los estructurales se ramifican en los instrumentos jurídicos internacionales básicos para facilitar la realización de un derecho humano fundamental. En cambio, los de proceso buscan medir la calidad y magnitud de los esfuerzos del Estado para implementar los derechos a través de las mediciones de alcance, la cobertura y el contenido de las estrategias, planes, programas o políticas.

Esta información tendría que promover espacios de diálogo, sensibilización, debates y difusión, trabajando con alianzas, involucrando a una red de actores entre los que destacan: los gobiernos locales que contribuyen, a través de la ley de transparencia, con los datos anuales para mantener actualizado el observatorio; las universidades y otras organizaciones que colaboran con la calidad de los datos y el análisis de información.

Otras organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación que se involucran en los procesos de difusión e incidencia. Los indicadores deben ser de conocimiento público, para evidenciar y fomentar una ciudadanía activa.

Se debe desconfiar de la inteligencia y de la conciencia, y poner toda nuestra fe en los instintos, bueno así piensa un sentido común construido en la realidad que son ambivalentes en su posición con respecto a los derechos humanos. Por eso comprender una proposición o un comportamiento humano significa (incluso etimológicamente) contenerlo, ponerse en su lugar, identificarse con él. Pero sin dejar de desconfiar, pues, de quien trata de convencernos con argumentos distintos de la razón, es decir de los jefes carismáticos: hemos de ser cautos en delegar nuestro juicio y nuestra voluntad. Puesto que es difícil distinguir los profetas verdaderos de los falsos. Es por eso que en Latinoamérica los caudillismos primaron mucho en 1980 con los gobiernos dictatoriales, manejando masas y promoviendo el miedo.

Por eso una persona sin importar la profesión que tenga debe adquirir algunas facultades para vivir con civismo, democracia, respeto a los derechos humanos, justicia social y velar por un desarrollo sostenible en la sociedad.

El Estado ha venido a constituirse en un requisito indispensable para el avance del individualismo, cercenando los derechos (el gobierno de Dina Boluarte es el mayor ejemplo en el Perú), incorporando el principio de legalidad para la primacía del poder sobre la sociedad, agregaría hasta el mercado. Ejerciendo la violencia legitima a los integrantes que viven en un territorio soberano. En una vertiente estatal, nace el liberalismo, que conduce a la vertebración de un Estado limitado en sus poderes (Estado de Derecho), así como en sus funciones (Estado mínimo), y concede un lugar central a la protección de los derechos individuales y al ejercicio del poder en el marco de la ley.

Para lo cual se necesita una sociedad civil organizada que haga incidencia ciudadana en el espacio público, estableciendo una relación de poder equitativo con el Estado, haciendo vinculante la agenda pública con los gobiernos de turno, pero sobre todo ciudadanos y ciudadanas que se informen, apostando por una cultura científica y de conocimiento, construyendo metodologías de fortalecimiento del colectivo de la sociedad civil, y sobre todo luchando por las reivindicaciones sociales que hacen falta en la región más desigual del planeta tierra.