Oficina de conflictos
sociales en la Provincia de Islay
Lucas Z. Granda
La
conflictividad de la Provincia de Islay se trastoca por el proyecto minero Tía
María agravando las relaciones interpersonales desde el 2007 en adelante, donde
empiezan las olas de violencia cada vez que cada gobierno nacional quería
imponer el proyecto. Comenzando siempre las movilizaciones en el Valle de Tambo
y propagándose en todos los distritos de punta a punta, utilizando el nivel de
escalamiento y el estado de crisis para trasladarse a nivel regional y de la
macro sur, donde por parte de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) y
ministerios no se considera en las acciones de mediación y gestión de los
conflictos a las municipalidades de la Provincia de Islay. Deteriorando la
institucionalidad local y ofreciendo canales de escalamiento a cualquier
conflicto social que tenga una lógica de problemática local no atendida,
entendiendo que la Provincia de Islay no debe asociarse al conflicto
socioambiental extractivista de Tía María, porque hay una tipología de once
temáticas distintas mapeadas en la jurisdicción provincial que se convierten en
conflictos sociales diferenciándose entre urbano y rural.
Sumado a ello
se encuentra una vinculación directa entre los conflictos sociales que suceden
en la Provincia de Islay con las municipalidades, estableciendo una línea
histórica de conflictividad ligada a la instalación de actividades
productivas-empresariales de capital privado como es la industria, producción
agropecuaria, minería y demanda laboral de servicios desde la incorporación del
Puerto Santa Rosa en 1862 y la construcción del ferrocarril en 1860 como hitos
históricos. Aclarando que los conflictos más recientes a los gobiernos locales
no necesariamente son socioambientales, ni por industrias extractivas y/o
recursos naturales, sino pasa por temas gremiales, sindicales, terrenos como
los Vargas Velón en el Distrito de Islay y los Toalino en el Distrito de
Mollendo, la agricultura, la pesca, temas laborales, obras públicas,
saneamiento físico-legal y coyunturas de proyectos mineros.
Las
necesidades ciudadanas y demandas populares en la Provincia de Islay, donde hay
una tendencia que al combinar ambos factores en una línea de insatisfacción
hacia la población crean entornos de conflictividad permanente en el
territorio, utilizando como agravantes a los actores no representativos ni
intermediarios para el diálogo en el tiempo y en la jurisdicción. Donde se
tipifican necesidades ciudadanas (derecho a una vivienda, disponibilidad y
calidad del agua, acceso y calidad en el servicio de salud, condiciones económicas
para la productividad en la pesca y agricultura, empleo e ingresos en la
localidad, pobreza periférica en los asentamientos humanos, ejecución del
presupuesto y capacidad de gasto, fomentar el turismo, y acceso y calidad del
servicio educativo) que son las más recurrentes y demandas populares
(disponibilidad y calidad de agua, ejecución de obras públicas, problemas de
contaminación, actos de corrupción, infraestructura en servicios básicos, mejor
atención en el servicio de salud, entre otros).
Se debería
utilizar de las oficinas de participación ciudadana de los distritos como
mecanismo de información estadística y cualitativa de alerta temprana de
conflictos en el territorio de la Provincia de Islay. Donde la Municipalidad
Provincial de Islay debería crear una unidad u oficina de diálogo y
gobernabilidad, aprobada la creación de la unidad no estructurada por Concejo
Municipal Provincial de Islay. Encargada de diagnosticar las necesidades
ciudadanas y demandas populares en el territorio, no con la competencia de
solucionar futuros conflictos sociales, sino de gestionar su transformación y
prevenir el estado de crisis bajo una mirada municipal, previo reconocimiento
de las funciones a nivel nacional por el Estado peruano.
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